Militares de la República
Bajo el título de La corrupción de la incompetencia fue publicada una carta firmada por Isabel Álvarez Lorenzo, en la que, en síntesis, venía a decir la autora que, al margen de los casos de corrupción tan comentados, existe otro más solapado al que no se le presta atención: el consistente en designar y mantener en cargos públicos a personas carentes de la debida capacitación, las cuales, a su vez, designan para puestos auxiliares a otros incapaces, creándose así una red en la que se diluyen las responsabilidades y cuyos, efectos padecen los ciudadanos.Me llamó ello la atención por cuan...
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Bajo el título de La corrupción de la incompetencia fue publicada una carta firmada por Isabel Álvarez Lorenzo, en la que, en síntesis, venía a decir la autora que, al margen de los casos de corrupción tan comentados, existe otro más solapado al que no se le presta atención: el consistente en designar y mantener en cargos públicos a personas carentes de la debida capacitación, las cuales, a su vez, designan para puestos auxiliares a otros incapaces, creándose así una red en la que se diluyen las responsabilidades y cuyos, efectos padecen los ciudadanos.Me llamó ello la atención por cuanto viene acaeciendo en el caso del reconocimiento de pensiones a los militares profesionales de la República, algunos de cuyos expedientes han sido resueltos al cabo de cuatro o cinco, cuando no siete u ocho, años de tramitación, siendo ésta la fecha en que muchos de ellos se hallan aún sin resolver. Y a ello hay que añadir la demora de dos o más años que, en, no pocas ocasiones, sufre la remisión de los expedientes a los tribunales cuando los in teresados recurren.
Se ha tratado de justificar todo ello aludiendo a "la com
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plejidad del tema", pero quienes hemos trabajado en él sabemos que la verdadera causa de tan descomunal demora radica en la actuación impune de un equipo directivo, integrado en esencia por cinco o seis funcionarios de clases pasivas, ninguno de ellos experto en organización militar ni en derecho, que, sobrevalorándose a sí mismos, se permiten pontificar sobre profesionalidad, carreras militares, legislación y jurisprudencia, llegando a asombrosas decisiones, con frecuencia arbitrarias y no pocas veces discriminatorias, practicando diligencias innecesarias y dilaciones sin el menor respeto a la ley y los plazos legales.
Los resultados han sido:
1. Una sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de octubre de 1992 condenando a la Administración a indemnizar, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, a varios perjudicados (lo que muy presumiblemente no va a ser la última vez que ocurra).
2. Muchos militares de la República fallecidos sin haber visto restablecidos unos derechos que moralmente anhelaban.- Abogado.