El Gobierno propone un vuelco en las relaciones laborales, los salarios y los contratos

El Gobierno envió ayer al Consejo Económico y Social el documento en el que plantea la reforma global del mercado de trabajo y que supone un vuelco al actual sistema de relaciones laborales, que afecta no sólo a las condiciones de entrada y salida en el mercado laboral, sino al papel que en el mismo han de jugar los interlocutores sociales y la propia Administración. En cuanto al despido, pide al CES que evalúe las consecuencias de una mayor liberalización en el despido colectivo. Propugna también un mejor uso de la contratación temporal. El pleno del CES aprobó ayer el dictamen sobre la refor...

El Gobierno envió ayer al Consejo Económico y Social el documento en el que plantea la reforma global del mercado de trabajo y que supone un vuelco al actual sistema de relaciones laborales, que afecta no sólo a las condiciones de entrada y salida en el mercado laboral, sino al papel que en el mismo han de jugar los interlocutores sociales y la propia Administración. En cuanto al despido, pide al CES que evalúe las consecuencias de una mayor liberalización en el despido colectivo. Propugna también un mejor uso de la contratación temporal. El pleno del CES aprobó ayer el dictamen sobre la reforma de los contratos de formación y prácticas y propuso que se les vuelva a subvencionar.El informe para la reforma del mercado de trabajo enviado al CES por el Gobierno no anuncia medidas concretas pero sí deja ver bien a las claras el nuevo modelo que pretende el Gobierno, que pasa por una mayor flexibilización en la estructura salarial, la negociación colectiva y la movilidad tanto geográfica como funcional. Se defiende también una mejor definición y uso de la contratación temporal pero se mantienen más ambigüedades en cuanto a la flexibilización del despido colectivo.La eliminación de la autorización administrativa para este tipo de despidos ha sido reiteradamente defendida por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, pero ha encontrado siempre las reticencias del ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval. Solchaga afirma que mayores facilidades en el despido favorecen la inversión, sobre todo la extranjera, pero Noval opina que eliminar la autorización administrativa como medida aislada sólo contribuye a romper el equilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores. Mantiene además que el siguiente paso sería preguntarse qué hacer con los expedientes de regulación de empleo, que también autoriza la Administración, y que las magistraturas verían considerablemente aumentado el número de causas ya que los desacuerdos acabarían en su jurisdicción.

Diferencias en el Gobierno

Las diferencias que ambos departamentos mantienen sobre la mayor flexibilización del despido colectivo han sido la causa fundamental del retraso en la elaboración del documento por parte del Gobierno, según fuentes próximas a la Administración. Pero además, estas diferencias se traducen en la ambigüedad con que se trata este asunto en el documento. No se defiende ni el mantenimiento de la autorización, ni su eliminación; simplemente se pide al Consejo Económico y Social que dictamine sobre los efectos de una "eventual supresión de la intervención administrativa sobre la distribución de poderes dentro de la empresa, sobre la actividad judicial, y sobre el sistema de protección del desempleo".

La normativa sobre despido colectivo es "una de las peculiaridades más relevantes de nuestra legislación laboral", según el documento entregado al CES, porque está fuertemente tutelado. Pero mantiene que si el objetivo ha sido disuadir al empleador de utilizar esta vía para el ajuste de plantillas, los datos indican lo contrario: desde el tercer trimestre de 1991, en que comenzó a caer el empleo asalariado, la destrucción de empleo indefinido ha supuesto el 80% de la destrucción de empleo. En otro momento se afirma que mantener la actual regulación sería "económicamente ineficiente y socialmente injusto".

En realidad, según el informe, para lo que ha servido la autorización administrativa, ha sido para que las indemnizaciones realmente pagadas resulten superiores a las legales.

Los contratos blindados de los altos directivos de las empresas tienen un rincón en el documento. Se propone que las memorias anuales de lascompañías inclu yan el monto global de las indemnizaciones, pactadas con sus directivos, que normalmente están fuera de convenio.

Uno de los aspectos más novedosos del documento es el referente a la estructura del salario al proponer que parte del mismo sea móvil y se vincule a aspectos como la productividad, el rendimiento y los beneficios. Ello solucionaría, según el Gobierno, uno de los principales defectos de la actual negociación salarial, que es insensible a la situación cíclica de la economía y a la de cada una de las empresas. Modificar esta estructura supondría poder aumentar los incentivos personales para aumentar la productividad, que ahora tiene poco campo de actuación. Alrededor del 63% de la masa salarial bruta de las grandes empresas son retribuciones fijas, y este porcentaje llega hasta casi el 85% si se le añaden las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. "Evidentemente", dice el informe, "estos elevados porcentajes dejan un papel muy reducido a los componentes de la masa salarial ligados a la evolución de la productividad y otros pluses".

Propone además una estructura salarial que tenga en cuenta las diferencias regionales tanto en niveles de desarrollo como en tasas de paro. Todo ello conduce a su vez a modificar la actual estructura de negociación colectiva de manera que se puedan incorporar "nuevas modalidades de determinación de pagos y salarios y definiendo un marco que estimule la fijación de los salarios en función de los resultados y beneficios de las empresas". El documento mantiene que hay que incrementar la "sensibilidad de los salarios al nivel de paro", lo que exige "la inclusión por parte de los agentes sociales de la situación del mercado en sus estrategias negociadoras".

Cambios en las ordenanzas

La movilidad es otra de las patas de la reforma en tanto en cuanto es pieza importante para incrementar la competitividad de las empresas. La movilidad funcional viene regulada por las ordenanzas laborales, casi todas franquistas, que prácticamente la hacen inviables. Y en vista de que los agentes sociales no han conseguido acuerdos sectoriales que las sustituyan, el Gobierno propone que el CES analice procedimientos que aceleren su desaparición. Se propone también una nueva ordenación de los tiempos de trabajo que podría pasar por una reducción de la jornada laboral y la distribución flexible del tiempo de trabajo. Se pide al CES también que analice qué consecuencias tendría sobre el seguro de desempleo mayores facilidades para suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada.

En cuanto a protección social, se plantea la posibilidad de que el subsidio de desempleo pase a tributar en el IRPF.

La mayor flexibilidad laboral debe acarrear, como contrapeso, unos mayores niveles de información y consulta a los representantes de los trabajadores. El Gobierno defiende que la negociación colectiva se extienda a otros ámbitos y "afrontar la solución de los problemas que en la práctica han generado los sistemas vigentes * de determinación de la representatividad de los interlocutores sociales".