La ONU revelará mañana el nombre de los asesinos de Ellacuría y de Romero

Los inductores y autores materiales de los asesinatos del jesuita español Javier Ellacuría o del arzobispo Óscar Romero serán, por fin, conocidos mañana. La Comisión de la Verdad, nombrada por el secretario general de la ONU el pasado mes de julio, entregará al representante del presidente Alfredo Cristiani y al de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) el resultado de seis meses de investigación sobre "las situaciones de violencia reiterativa registradas en El Salvador en 10 años de guerra civil".

Belisario Betancur, ex presidente de Colombia y una de las...

Los inductores y autores materiales de los asesinatos del jesuita español Javier Ellacuría o del arzobispo Óscar Romero serán, por fin, conocidos mañana. La Comisión de la Verdad, nombrada por el secretario general de la ONU el pasado mes de julio, entregará al representante del presidente Alfredo Cristiani y al de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) el resultado de seis meses de investigación sobre "las situaciones de violencia reiterativa registradas en El Salvador en 10 años de guerra civil".

Belisario Betancur, ex presidente de Colombia y una de las tres personas que han formado parte de dicha Comisión, declaró a EL PAÍS que "no pocas de aquellas personas que realizaron acciones injustas durante aquellos años han tenido, después, una participación creativa en el restablecimiento de la paz", lo que parece indicar que personalidades políticas y empresarios actualmente vinculados al gobierno aparecerán relacionados con hechos sangrientos.La entrega y publicación del informe han sufrido dos retrasos consecutivos. Inicialmente, debía haberse hecho público el 13 de enero, pero los propios miembros de la Comisión -a la que pertenece también un juez norteamericano y un ex canciller venezolano-, solicitaron un mes de prórroga. En febrero, fue el propio secretario general de las Naciones Unidas, Butros Gali, quien pidió un nuevo aplazamiento.

La ONU, que ha actuado como mediador en el proceso de pacificación, ha intentado que el informe no se hiciera público, hasta que se hubieran solucionado otros aspectos del conflicto. Gali ha intentado muy especialmente que se cumplieran con anterioridad las recomendaciones, realizadas por otra Comisión ad hoc, de separar de las Fuerzas Armadas a un centenar de oficiales de alta y media graduación "no capacitados para desarrollar esas funciones en la nueva etapa".

El Gobierno de Cristiani no ha querido, o podido, desprenderse de quince de estos oficiales, que continúan en sus puestos y que, previsiblemente, pueden aparecer nombrados el lunes como responsables de crímenes espantosos.

El anuncio de la publicación del informe ya ha tenido, sin embargo, un resultado concreto, con la renuncia, el viernes, del general René Emilio Ponce como ministro de Defensa, una decisión que ha puesto en evidencia el fuerte nerviosismo existente en la cúpula militar del país, que intentó presionar hasta el último momento para evitar que se sepa su responsabilidad directa en los crímenes cometidos durante la guerra civil, informa Fernando Orgambides.

Representantes del Gobierno salvadoreño intentaron evitar que el Informe para la Paz incluyera nombres concretos e incluso llegaron a solicitar el apoyo de España. La respuesta oficial de Madrid fue que respetaba la independencia de la Comisión, reconocida en su día por las dos partes en conflicto.

Esta Comisión para la Verdad se diferencia de otras anteriores, creadas con cometidos similares en Chile, Argentina o Uruguay, porque no está integrada por personalidades del país afectado, sino por extranjeros elegidos por el secretario general de las Naciones Unidas. En los casos concretos de los asesinatos de Oscar Romero y de Javier Ellacuría, los miembros de la Comisión afirman que "han llegado al fondo" y están satisfechos de su investigación. Mientras, fuentes norteamericanas confirmaron ayer que Estados Unidos había suspendido su ayuda militar al Gobierno salvadoreño, y que se trataba de una medida de presión para obligar a Cristiani a llevar a cabo los acuerdos alcanzados sobre la depuración del Ejército.