El aval de la Generalitat a la empresa de De la Rosa no tiene garantía formal

El aval concedido por la Generalitat de Cataluña a Grand Península, sociedad controlada por Javier de la Rosa, encargada de la construcción de¡ parque de atracciones de Tarragona, no cuenta con garantía real, según aseguran fuentes que han tenido acceso a la documentación del acuerdo entre la Administración y la empresa. Esta garantía no se exige en la ley aprobada por el Parlamento catalán, que establece que las "garantías de la Generalitat se pueden formalizar a lo largo del periodo de construcción".

La ley del Parlamento de Cataluña que autorizaba la concesión del aval a Grand Peníns...

El aval concedido por la Generalitat de Cataluña a Grand Península, sociedad controlada por Javier de la Rosa, encargada de la construcción de¡ parque de atracciones de Tarragona, no cuenta con garantía real, según aseguran fuentes que han tenido acceso a la documentación del acuerdo entre la Administración y la empresa. Esta garantía no se exige en la ley aprobada por el Parlamento catalán, que establece que las "garantías de la Generalitat se pueden formalizar a lo largo del periodo de construcción".

La ley del Parlamento de Cataluña que autorizaba la concesión del aval a Grand Península, en cualquier caso, no incluye ninguna referencia a la necesidad de que la empresa aporte ningún tipo de avales, aunque fuentes consultadas han expresado que "su existencia debería darse por sobreentendida".Portavoces del Departamento de Economía, cuyo titular es Maciá Alavedra, afirmaron que Grand Península "mantiene un depósito en efectivo superior a los 1.000 millones de pesetas en la Tesorería de la Dirección General de Presupuestos". Sin embargo, esta cantidad es una provisión cautelar ante posibles reclamaciones de terceros en el proceso de adquisición de terrenos.

Las dudas sobre la existencia o no de garantías se desataron al conocerse el aplazamiento en la concesión del aval a Grand Península, cuando sólo había recurrido a 1.500 de los 10.000 millones previstos. El diputado del PP Josep Curto ya había realizado una petición de información sobre esta operación y precisamente durante esta semana ha tenido acceso a la documentación. Curto ha aplazado cualquier comentario sobre el tema a una próxima convocatoria pública de su partido.

La ley del Parlamento establece que Grand Península destinará el aval de la Generalitat "a financiar la inversión correspondiente en el centro (parque turístico). Las garantías de la Generalitat se pueden formalizar a lo largo del periodo de construcción". Parte de los 1.500 millones- de pesetas recibidos por Grand Península cubiertos por el aval se han destinado a la adquisición de los terrenos sobre los que se ubicará el parque. Precisamente durante las últimas semanas la empresa promotora del parque ha intentado conseguir créditos hipotecarios ofreciendo como garantía a las cajas de ahorros los terrenos urbanizables del parque. Estos contactos, sin. embargo, no han desembocado en ningún acuerdo.

Grand Península ha dispuesto de una parte del aval a pesar de que aún tiene pendiente ampliar su capital social en 6.000 millones de pesetas, que deben ser desembolsados antes del 31 de diciembre por su principal accionista, la sociedad Grand Tibidabo, presidida por Javier de la Rosa, y propietaria del 80% del capital de la empresa promotora de Tibigardens.

Javier de la Rosa informó ayer a la agencia Efe que durante el pasado mes de diciembre había alcanzado un preacuerdo para la venta del 25% que Grand Tibidabo posee en Tele 5 al grupo alemán Kirsch. Según el financiero, en la operación actuó como intermediario Silvio Berlusconi.

FESA-Enfersa

Por otra parte, la producción de la empresa de fertilizantes FESA-Enfersa, del grupo Ercros y actualmente en suspensión de pagos, quedó ayer paralizada. en toda España por una huelga de 24 horas que comenzó a las seis horas del. jueves y termina a la misma hora de hoy, según reconocieron fuentes de la propia empresa. Las plantas de producción de amoniaco y ácido sulfúrico fueron, por la dificultad que supone su total paralización, las únicas en no detener totalmente la producción.

Los trabajadores de FESA-Enfersa mostraron así su desacuerdo con el plan de viabilidad de la empresa.

La protesta se siguió especialmente en los tres centros de la empresa en Cartagena, informa