Reportaje:

Sólo el 8% de los denunciados por los 'guardias verdes' en la zona suroeste ha pagado la multa

Los hombres del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se reparten la Comunidad de Madrid en cinco zonas, cada una con una patrulla. La patrulla del suroeste se compone de cinco miembros: un cabo primero y cuatro guardias, dos prestados por otras unidades y no directamente formados en la protección del medio ambiente.

Esta patrulla, con un Nissan Patrol y tres Enduros de 350 centímetros cúbicos, cubre un área que llega desde los bosques pantanos de San Martín de Valdeiglesias hasta los polígonos industriales de Móstoles, Humanes, Fuenlabrada o Ge...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Los hombres del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se reparten la Comunidad de Madrid en cinco zonas, cada una con una patrulla. La patrulla del suroeste se compone de cinco miembros: un cabo primero y cuatro guardias, dos prestados por otras unidades y no directamente formados en la protección del medio ambiente.

Esta patrulla, con un Nissan Patrol y tres Enduros de 350 centímetros cúbicos, cubre un área que llega desde los bosques pantanos de San Martín de Valdeiglesias hasta los polígonos industriales de Móstoles, Humanes, Fuenlabrada o Getafe. En las 37 poblaciones de la zona vive más de un millón de personas, y muchas de ellas creen que no es punible cambiar el aceite del coche en cualquier lado, construir en el cauce de un río contaminarlo de vertidos o cazar sin licencia y con malas artes.

Más información

Las infracciones son múltiples. Hace dos años, cuando el Seprona no existía, la Guardia Civil de los cuarteles asentados en estas localidades apenas imponía multas por razones ecológicas. Esta patrulla firmó el año pasado casi 150 sanciones y este ejercicio ha llegado a 500.

Los afectados no contestan

El problema no es su actuación, que ellos reconocen todavía in suficiente, sino la inoperancia en la resolución de las multas. El cabo primero José Aguado, que dirige la patrulla, asegura que sólo tiene constancia de que 95 de esas sanciones hayan sido recibidas por los interesados únicamente 40 han sido resueltas con una recaudación que supera los 1,5 millones de pesetas.El acuse de recibo de la sanción no llega a su destino o, sencillamente, la entidad afectada -fundamentalmente la Confederación Hidrográfica del Tajo en lo referente a contaminación de ríos o construcciones ilegales en sus márgenes- no se da por aludida. Los jueces, además, tienen poca experiencia sobre asuntos ecológicos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

La patrulla suroeste del Seprona ha firmado en 1992 unas 500 denuncias: 2 por incumplimientos a la ley de montes, 20 por residuos tóxicos, 30 por acampadas ilegales, 40 contra la Ley de Aguas, 60 por verter, quemar o tirar escombros y residuo sólidos urbanos, 160 por vulnerar la ley de caza y también 25 por infringir las normas de circulación. "Porque nosotros somos ante todo guardias civiles", dice Aguado para justificar la filosofía de un trabajo casi ecologista, que choca con la imagen tradicional de este cuerpo militar.

Entre las 14 actas en las que han recriminado la exposición pública -en bares o restaurantes- de animales protegidos Figura la recuperación de un puma (en un establecimiento hostelero de Alcorcón) o de un oso pardo (en Navalcarnero).

La patrulla funciona sobre el terreno unas 48 horas semanales, por lo que sus miembros perciben unos sueldos que rondan las 150.000 pesetas al mes. Tienen su base en Getafe. Durante sus trayectos -una vez al mes en helicóptero- observan de todo, y, en teoría, no hacen distinciones. Esta "imparcialidad a la hora de denunciar" que destacan numerosos vecinos de la zona les ha supuesto más de un disgusto.

Entre Navalcarnero, Brunete, Sevilla la Nueva, Arroyomolinos y Griñón hay muchos cotos de caza, algunos con propietarios tan importantes como grandes bancos, miembros de la alta sociedad y de la aristocracia, cuyos nombres el cabo se reserva. Vigilan unos 150 cotos. Sus dueños están obligados a permitirles el acceso a estas fincas, dejando las puertas abiertas o facilitándoles una llave. Esto les permite entrar por sorpresa y pillar a los cazadores utilizando artes ilegales -como la del hurón que hace salir de sus madrigueras a los conejos- o matando en plena veda.

Sobre la firma

Archivado En