El PP calcula que la Comunidad de Madrid ha subido la presión fiscal un 44%

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 1993 (472.001 millones de pesetas), pactados por el PSOE e Izquierda Unida. El portavoz del PP en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, denunció ayer el incremento de la presión fiscal que reflejan las cuentas regionales, con un alza en los ingresos del impuesto sobre actividades económicas (IAE) del 44%.

Para Ruiz Gallardón, IU somete a un "chantaje político" al Gobierno de Joaquín Leguina, que ha presentado unos presupuestos alejados de la línea del ministro de Hacienda, Carl...

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 1993 (472.001 millones de pesetas), pactados por el PSOE e Izquierda Unida. El portavoz del PP en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, denunció ayer el incremento de la presión fiscal que reflejan las cuentas regionales, con un alza en los ingresos del impuesto sobre actividades económicas (IAE) del 44%.

Para Ruiz Gallardón, IU somete a un "chantaje político" al Gobierno de Joaquín Leguina, que ha presentado unos presupuestos alejados de la línea del ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, y de las directrices de convergencia de la CE."En esta Comunidad, quien toma las decisiones presupuestarlas importantes es IU, a las que Leguina no tiene más remedio que seguir", aseguró el dirigente del PP en la Asamblea, que cada año intenta vetar, sin éxito, el proyecto de ley de presupuestos. En su opinión, en Madrid se dispara el gasto corriente, cuando las administraciones públicas intentan adecuarse al plan de convergencia para cumplir los acuerdos de Maastricht y reducir el déficit público. El PP subraya que los 20.000 millones que recibirán de más el año que viene las arcas regionales se traducirán en una inversión con un aumento inferior al 1% y en un gasto burocrático situado por encima del 7%.

Ruiz Gallardón destacó que el incremento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid no obedece a mayores transferencias de fondos del Estado, sino a la elevación de la presión fiscal, que en el caso de los impuestos directos (8.000 millones) llega al 37%, y en el del IAE, al 44%.

El portavoz del PP, que se mostró de acuerdo en que las comunidades autónomas gestionen el 15% del IRPF -en la misma línea que el presidente. de la Generalitat de Cataluña., Jordi Pujol, y el de la Comunidad, Joaquín Leguina-, señaló que la presión fiscal resta competitividad a Madrid, que, a su juicio, se convierte en un "territorio poco atractivo para las inversiones generadoras de empleo y riqueza".

Menos obras hidráulicas

Antonio Beteta, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional, calificó el proyecto presentado por el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, de "malo, chapucero y técnicamente deficiente: sólo sirve para empobrecer a Madrid". A título de ejemplo, señaló que algunas de las partidas destinadas a la creación de empleo caen un 31% en 1993 respecto al ejercicio anterior. Y que también se reducen en un 3% les gastos en obras hidráulicas; en un 5%, las inversiones en vivienda, y en un 41%, la compra de equipos médicos, así como la disminución de un 6% en los presupuestos de la Agencia de Medio Ambiente.Por el contrario, Beteta aseguró que se incrementan en un 20% las partidas destinadas a pagar los recibos del teléfono y la luz de las oficinas de la Comunidad y se presupuestan 2.000 millones para pagar a "una administración paralela de asesores de las consejerías". En total, suma más de 8.000 millones lo que el PP llama "gasto burocrático". Beteta también destacó que los altos cargos de la Administración regional experimentarán una subida del 6,68% en sus retribuciones, en contra de la anunciada congelación efectuada por el Ejecutivo. "Trienios aparte, habrá una subida complementaria de las retribuciones".

El PP también acusó de "doble moral" al Gobierno de Leguina al reclamar al Ayuntamiento sus deudas en el Consorcio de Transportes y olvidarse de que el Estado aún no le ha pagado 30.000 millones de los programas de barrios en remodelación, así como otros 13.000 millones adeudados por los tributos que ha recaudado la Administración central en nombre de la Comunidad.