El Gobierno anula el derecho automático de entrada en España para los demandantes de asilo

El Gobierno aprobó ayer el envío a las Cortes del proyecto para modificar la Ley de Asilo y Refugio de 1984, en la que se introduce un procedimiento muy rápido para decidir sobre la admisión de las solicitudes y se suprime el derecho automático de entrada en España para los solicitantes. La modificación, según la ministra portavoz, Rosa Conde, pretende separar los casos de inmigrantes económicos encubiertos de los verdaderos refugiados.

Los objetivos de la reforma, según Conde, son homologar el sistema al de los demás países comunitarios -mediante la supresión de la doble figura de asil...

El Gobierno aprobó ayer el envío a las Cortes del proyecto para modificar la Ley de Asilo y Refugio de 1984, en la que se introduce un procedimiento muy rápido para decidir sobre la admisión de las solicitudes y se suprime el derecho automático de entrada en España para los solicitantes. La modificación, según la ministra portavoz, Rosa Conde, pretende separar los casos de inmigrantes económicos encubiertos de los verdaderos refugiados.

Los objetivos de la reforma, según Conde, son homologar el sistema al de los demás países comunitarios -mediante la supresión de la doble figura de asilado y refugiado- y adaptar la ley a la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 1987, que declaró inconstitucional la facultad del ministro del Interior de disolver asociaciones de extranjeros.Desde su entrada en vigor, España sólo aceptará personas perseguidas en sus países de origen en calidad de refugiados, según la definición del Convenio de Ginebra. La asimilación de los dos estatutos existentes hasta ahora se hace "por arriba", otorgando a los refugiados el derecho automático a un permiso de residencia y de trabajo, reservado hasta ahora a los asilados.

El nuevo procedimiento de admisión de las demandas pretende tratar con celeridad las solicitudes que no presenten un mínimo de credibilidad para no retrasar las de los verdaderos refugiados. La reforma suprime el derecho a entrar en el territorio español de todo demandante de refugio y fija un plazo máximo de cuatro días para que el ministro del Interior decida si se admite a trámite la solicitud, tras un informe en el que participa el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Amplio consenso

En caso de ser rechazada, el demandante de refugio dispone: de 24 horas para presentar un. recurso de reposición, que se: resolverá en las 48 horas siguientes, de nuevo con un informe previo del ACNUR. La. resolución negativa conllevará, la devolución al país de origen. El solicitante dispone también. de la posibilidad de presentar recurso ante el juez, que deberá. decidir si suspende o no la devolución al país de origen del recurrente.

La reforma se realiza, según fuentes de Interior, con un amplio consenso de las fuerzas políticas y sin presión de la opinión pública, como es el caso en otros países, sobre todo Alemania. El volumen de peticiones de refugio y asilo en España es muy bajo, menos de 12.000 desde que comenzó 1992, frente a 600.000 en el mismo período en Alemania.

No obstante, se ha producido un aumento muy importante desde 1984, cuando las peticiones fueron unas 200 y se registra una fuerte concentración de las demandas en Madrid, con el 85%.

Aun así, en tomo al 94% son rechazadas. Las decisiones negativas han contado en todos los casos con la unanimidad del organismo calificador, donde están representados, además del ACNUR, cuatro ministerios. "Lo que demuestra que no se rechazan por criterios restricivos", explica Interior, "sino porque es fácil comprobar que son en realidad inmigrantes económicos". Las principales procedencias de los demandantes de asilo en España son Perú, Polonia y la República Dominicana. Sólo en el primero existen casos reconocidos de persecución política sobre todo por parte de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El Consejo de Ministros adoptó en su reunión de ayer, además, los siguientes acuerdos:

- Nombramientos. Héctor Maravall, director general del Inserso.

Juan Alarcón, director del Parque Móvil Ministerial.