Un fondo de cooperación local

El autor propone, en la segunda parte de su artículo, regular la participación de las, comunidades locales en los ingresos de las comunidades autónomas. La falta de esta regulación, afirma, se ha convertido en un arma política. El articulista propone crear un fondo de cooperación municipal, aunque advierte que es necesario un mayor rigor en el gasto y que algunas actividades pueden privatizarse.

El artículo 142 de nuestra Constitución determina que los ayuntamientos deben disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye, nutriéndose de tributos p...

El autor propone, en la segunda parte de su artículo, regular la participación de las, comunidades locales en los ingresos de las comunidades autónomas. La falta de esta regulación, afirma, se ha convertido en un arma política. El articulista propone crear un fondo de cooperación municipal, aunque advierte que es necesario un mayor rigor en el gasto y que algunas actividades pueden privatizarse.

El artículo 142 de nuestra Constitución determina que los ayuntamientos deben disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye, nutriéndose de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.Esta participación en los tributos de las comunidades autónomas no sólo tiene la finalidad de una nivelación vertical entre los diferentes municipios, a través del mecanismo de participación en los tributos de las comunidades autónomas, sino que debe tener el carácter de cerrar el ciclo de recursos de los organismos locales. Hasta la fecha no existe ningún mecanismo efectivo de participación de los municipios en l6s tributos de las comunidades autónomas, por lo que los recursos que las mismas destinan a sus municipios se han convertido en arma política de carácter graciable y a veces caprichosa, por lo que se hace necesaria la creación inmediata de un fondo autónomico de cooperación municipal que Convierta en reglado e incondicionado el mandato constitucional recogido en el artículo 142.

Esto no bastaría por sí solo para corregir las deficiencias financieras que padecen los ayuntamientos: tener más recursos puede tener un efecto saludable a corto plazo, pero si se utiliza sin rigor, manteniendo un volumen creciente -y crecientemente disperso- de actividades en los servicios municipales, con duplicidad respecto a otros niveles de la Administración, tarde o temprano esos recursos adicionales también acabarían siendo insuficientes.

Por ello cuando se está re clamando un pacto nacional, un acuerdo global que permita acabar de definir el papel de los ayuntamientos en el conjunto de las administraciones, se está pidiendo y ofreciendo un diseño coherente; un diseño en el que los ayuntamientos tengan la valentía de reconocer que no pueden ofrecerlo todo (como réplicas en pequeño de un Estado con todos sus ministerios) que no pueden ni deben ser reinos de taifas del gasto público.

Para ello hay que tener la capacidad de reescribir, redimensionar, las administraciones locales, ajustando sus competencias al nivel de sus recursos y de su capacidad de gestión, al nivel de aquellas actividades para las que tiene realmente ventajas comparativas frente a otros niveles de la Administración: competencias que le resultan obligatorias por ley y poco más. Y esto, reitero, implica necesariamente alcanzar un pacto nacional sobre quién debe hacer cada cosa y contar además con los recursos para poder hacerlo.

Pero más allá de esa más que probable reducción de actividades mediante la cual los ayuntamientos deberán aprender a gestionar menos cosas para llegar a gestionarlas mejor, recordando que el propio sector privado puede desempeñar un importante papel en la prestación de servicios públicos, me estoy refiriendo a la privatización pura y simple de algunos segmentos de actividad con preferencia al papel que puede desempeñar la empresa privada como contratista o proveedor municipal, sin olvidar la colaboración de la sociedad civil a nivel de fundaciones, grandes empresas y mecenazgo de todo tipo de actividades municipales.

Exigir al Estado

Debemos, como ciudades, exigir del Estado los recursos necesarios y un mayor grado de respeto hacia la autonomía municipal, pero para poder hacerlo debemos cargarnos de legitimidad en el sentido de la responsabilidad: la que emana de una gestión que sepa evitar un crecimiento desordenado del sector público local, que sepa gestionar mejor, competencias menos dispersas y que sepa conjugar las aportaciones respectivas que hacen tanto el sector sector público como el sector privado.

es concejal de Hacienda, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Madrid.