Destacados personajes del 'caso Renfe' aparecen en la trama de un nuevo fraude de 3.372 millones

La compraventa irregular de terrenos por Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, que costó la dimisión el pasado enero como ministro de Sanidad a Julián García Valverde, se ha quedado pequeña. Una voluminosa querella de la fiscalía de Madrid ha destapado un nuevo escándalo inmobiliario, similar en su mecánica operativa al caso Renfe, aunque de proporciones mucho mayores: lo defraudado supera los 3.372 millones de pesetas, entre 1987 y 1990. En la querella aparecen relacionados destacados personajes del caso Renfe,como el notario Manuel Calvero Blanco y los hermanos Serra...

La compraventa irregular de terrenos por Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, que costó la dimisión el pasado enero como ministro de Sanidad a Julián García Valverde, se ha quedado pequeña. Una voluminosa querella de la fiscalía de Madrid ha destapado un nuevo escándalo inmobiliario, similar en su mecánica operativa al caso Renfe, aunque de proporciones mucho mayores: lo defraudado supera los 3.372 millones de pesetas, entre 1987 y 1990. En la querella aparecen relacionados destacados personajes del caso Renfe,como el notario Manuel Calvero Blanco y los hermanos Serrano Alberca. Se desconoce el objeto final de todas estas transacciones presuntamente irregulares de fincas, la mayoría de ellas en Alcobendas, cuyo término municipal es limítrofe con San Sebastián de los Reyes.

Un total de 67 de las 92 operaciones inmobiliarias denunciadas en esta ocasión se refieren a terrenos situados en la localidad madrileña de Alcobendas, aunque también se registraron compraventas presuntamente irregulares de fincas en Madrid, Majadahonda, Leganés y San Sebastián de los Reyes (Madrid), Valencia, Málaga, Sevilla y Dos Hermanas (Sevilla).Los datos de la querella son reveladores, pues las plusvalías se elevaron, sólo en las operaciones de compraventa de terrenos, a 6.238 millones de pesetas y supusieron como mínimo un fraude de 2.183 millones en el impuesto de sociedades y de 1. 189 millones en el IVA.

En todo este gran negocio de la venta de terrenos intervinieron 14 sociedades interpuestas, que, según el texto de la querella, al que ha tenido acceso este periódico, tienen una serie de características comunes: son en su mayoría sociedades sin domicilio donde puedan ser localizadas; sus administradores, en varios casos comunes a muchas de ellas, residen en domicilios diferentes al social, y la mayoría de ellos no declara por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Además, ninguna de estas entidades de estantería ha realizado sus declaraciones tributarias.

La querella, que consta de 87 folios, -habitualmente no suelen superar los cinco- recoge que fue la Inspección de Hacienda la que descubrió el sistemático impago de impuestos e inició las investigaciones. Así se conoció una compleja trama de compraventas sucesivas, realizadas el mismo día, siempre ante el mismo notario -Manuel Clavero Blanc, conocido por su intervención en el caso Renfe, es también en este caso el más utilizado- y con números de protocolo consecutivos o muy próximos.

La relación de querellados abarca 28 folios del escrito del fiscal y supera de largo el centenar de implicados, en su mayoría vendedores iniciales de las fincas. Los miembros de varias familias, como los Aguado Colmenar, los Méndez Gibaja, los Baena Muñoz o los Banús Ferré aparecen querellados.

Administradores

Entre los administradores de las sociedades intermediarias figuran como querellados Angel Morán Echevarría, auténtico profesional pues figura como administrador único, apoderado o secretario del consejo de 10 de estas empresas; Fernando González Casso, administrador de cuatro sociedades; Julio Aurelio Roces y Jesús Rodríguez Nava, de tres cada uno; Alberto Sanz, de dos, o Manuel Martínez Rocaberti, de una. Sanz sólo es administrador único de dos de las sociedades objeto de la querella, aunque constituyó otras 24 entidades investigadas como emisoras de facturas falsas en Asturias. EL PAÍS ha intentado sin éxito localizar a estos intermediarios, pues varios de ellos son desconocidos en los domicilios que figuran en la querella como suyos.

Entre las sociedades interpuestas que más defraudaron, según el fiscal, figuran Home and Health, Inmobiliaria Franco Española, Promociones Laken, Prestigio Inmobiliario, Promociones Astur Madrileña, Dialer, Promotora Inmobiliaria Leonesa, Promociones y Construcciones Alber, Montajes y Construcciones Asturias, o Inmobiliaria Gran Madrid.

La mayoría de las operaciones inmobiliarias realizadas en presencia de notario superaron de largo el 1.000% de plusvalía, si bien, en algún caso, la plusvalía alcanza el 2.700% e incluso el 3.224%. Éste es el caso de la venta de la finca número 135 duplicado de San Sebastián de los Reyes. La empresa Faire, cuyo representante legal Agustín Soriano también figura como querellado, vendió el 21 de octubre de 1988 a Promociones Astur Madrileñas la citada finca por 3.400.000 pesetas. Ese mismo día y ante el mismo notario -el ya habitual Manuel Clavero Blanc- el terreno se revende a Indumob en 113.024.700 pesetas.

Faíre es también la vendedora de la finca 893 duplicado de Alcobendas. El 13 de diciembre de 1988, ante el notario Clavero, vende el terreno a Promociones y Construcciones Alber por 800.000 pesetas. El mismo día, Alber revende la finca a Procyt en 22.289.600 pesetas. Este ejemplo define perfectamente la mecánica general. Entre las empresas que figuran como compradoras están Procyt, Hispamer, Indumob y Vallehermoso, que pertenecían a un mismo grupo empresarial y fueron absorbidas por Vallehermoso.

El fiscal considera los hechos como delitos contra la Hacienda Pública en caso de que las operaciones fueran auténticas, a los que habría que añadir falsedad en documento mercantil si se demostrase la falsedad de las facturas.

El fiscal señala en la querella que "parece más posible que los autores directos de los delitos contra la Hacienda Pública lo sean los primeros vendedores de las fincas, que simulan una venta en realidad inexistente a las sociedades interpuestas que, a su vez, las venden, en operación también irreal, a los compradores finales". Para el fiscal, sólo se produce una venta del terreno y la interposición de una sociedad no tiene más función que aparentar que es ésta la que se beneficia de la plusvalía, cuando el beneficiado es el primer propietario.