Los políticos firman hoy el cierre de la M-40
El actual ministro de Obras Públicas, José Borrell, desechó en octubre el proyecto aprobado por su antecesor para cerrar la M40 y abrió una polémica imparable entre las administraciones y artidos políticos implicados. La discusión fue ambién ecológica y vecinal. Los afectados por las expropiaciones del último trazado, que se firma definitivamente hoy, han aprovechado el revoltijo final para enchufar el ventilador. Las acusaciones sobre oscuros intereses especulativos implican, según las distintas versiones, a dirigentes socialistas y personalidades de todos los sectores con poder para presiona...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El actual ministro de Obras Públicas, José Borrell, desechó en octubre el proyecto aprobado por su antecesor para cerrar la M40 y abrió una polémica imparable entre las administraciones y artidos políticos implicados. La discusión fue ambién ecológica y vecinal. Los afectados por las expropiaciones del último trazado, que se firma definitivamente hoy, han aprovechado el revoltijo final para enchufar el ventilador. Las acusaciones sobre oscuros intereses especulativos implican, según las distintas versiones, a dirigentes socialistas y personalidades de todos los sectores con poder para presionar.
Borrell aseguró entonces que pretendía promover un debate ante el alto coste (20.000 millones de pesetas) y la peligrosidad -por la construcción de túneles muy largos- del proyecto aprobado por Javier Sáez Cosculluela. El debate es evidente que se le ha ido de las manos al ministro.El momento de la firma además, tampoco es el más oportuno. Durante este tiempo, Borrell ha dejado pasar los plazos que él mismo se marcó (alrededor del siete de enero) para comunicar el trayecto final y ha puesto el equilibrio del Gobierno regional en más de una ocasión ante un precipicio.
Los diputados de Izquierda Unida en la Asamblea, que sostienen a Joaquín Leguina como presidente regional, mostraron en principio una oposición frontal a que la carretera tocase un metro del monte de El Pardo. Esta posición se' moderó con el tiempo y los pactos políticos. El grupo municipal de IU y la asociación ecologista Aedenat denunciaron en ese momento oscuros intereses especulativos detrás de la operación.
El Ayuntamiento, que siempre ha defendido el cierre de la M-40 a cualquier precio, planteó un nuevo escollo. Los responsables municipales cuestionaron la cantidad que debían aportar en el capítulo de las expropiaciones. El Ministerio pedía 2.026 millones y el Ayuntamiento sólo quería dar 700. La cifrafinal será muy próxima a la prevista por los técnicos de Obras Públicas. Durante estas discusiones Borrell ha intentado ofrecer siempre la imagen de querer negociar con todos y casi cualquier cosa. Con todos menos con los propietarios de los seis chalés y quince fincas perjudicadas por la traza consensuada políticamente.
Expropiaciones peligrosas
Los dueños de los chalés que serán expropiados, todos ellos de la urbanización de lujo Monreal, han demostrado en los últimos días una tardía, eficaz y costosa capacidad de reacción. Todos buscan ahora el mismo objetivo: que sólo pase un sentido de la M-40 por sus jardines a cambio de ceder gratuitamente los terrenos y que la carretera cruce en falso túnel. Dicen que es más barato y ecológico. La M-40, según el trayecto final, tocará cuatro hectáreas del monte y seis de jardines.
Los métodos de oposición, sin embargo, no son iguales entre todos los afectados. Unos están dispuestos a acudir a las más altas instancias (Defensor del Pueblo y Fiscalía General del Estado) para buscar apoyos y otros han puesto a trabajar incluso a investigadores privados. Las investigaciones han dado resultados confusos y en algún punto irrelevantes. De algunas acusaciones parece fácil demostrar su falsedad pero de otras no tanto.
Desplazar unos metros una carretera en una zona tan urbana, aunque de lujo, es algo cuyas repercusiones pueden ser fatales. El desvío del recorrido señalado por Cosculluela al propugnado por Borrell ha aliviado a los propietarios que ya no serán expropiados (Valerio Lazarov, director general de Tele 5; Inocencio Arias, secretario de Estado para la Cooperación Internacional, y Jeaninne Girod, según informa en su último número la revista Panorama). Pero ha dañado a otros.
Los vecinos de la urbanización Monreal se han agarrado como a un clavo ardiendo a una denuncia de un ex socio del colegio Estudio, ubicado en la zona y que se ve perjudicado tanto por el anterior proyecto como por el actual.
Diego Catalán Menéndez Pidal, hijo de Jimena y nieto del filólogo Ramón Menéndez Pidal, se hizo cargo hace un año -a la muerte de su madre- del 34,7% de las acciones del centro, uno de los escasos que siguen los métodos propugnados en su día por la Institución Libre de Enseñanza. Catalán Menéndez ha mantenido un enfrentamiento con las dos antiguas socias de su madre y ha escrito una carta en la que anuncia a los padres y los profesores que cede sus acciones por un millón de pesetas a una empresa próxima a CC OO porque ve peligrar el objetivo fundacional del colegio.
En esta misiva alude a posibles intereses especulativos con el centro por el trazado de la M-40 y a que fueron resueltos gracias a la intervención de "altas esferas". Catalán recuerda que en el colegio estudian la hija del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, del ministro de Agricultura, Pedro Solbes, y del secretario de formación de la ejecutiva del PSOE, José Félix Tezanos.
Fuentes del colegio niegan esta versión y aseguran que la única mediación que se realizó fue ante el anterior director general de carreteras, Rafael Fernández, y ante su sucesor, José Javier Dombriz. También se efectuó una recogida de firmas contra el proyecto.
La llegada de CC OO
Padres de alumnos, ex alumnos y personal del colegio restan credibilidad a la denuncia de Catalán y se muestran más preocupados por la posible intervención en la gestión del centro de CC OO. El secretario de organización de la ejecutiva de este sindicato, Cherna de la Parra, confirmó ayer que CC OO no tiene intención de atender ninguna opción de compra sobre estas acciones y que cumplirán su compromiso de "dar continuidad a la función social y docente del colegio".
Otras inculpaciones se dirigen contra los beneficiados por la operación urbanística montada alrededor del PAU 10, por donde pasaba el antiguo trazado, entre las zonas de Monte Carmelo y Arroyo del Fresno. El Ayuntamiento, donde el Plan General de Ordenación Urbana preveía la construcción de 500 viviendas, ha facilitado la modificación urbanística que permitirá edificar al menos 5.400.
Los interesados dan y relacionan nombres, apellidos y cargos de prácticamente todos los partidos. La única constancia concreta se remite a la empresa, Cleon S.A..
Sobre la firma
Archivado En
- Declaraciones prensa
- Josep Borrell
- Comisiones Obreras
- Sindicatos
- Financiación autonómica
- Transporte urbano
- Política social
- Sindicalismo
- Gobierno autonómico
- Madrid
- Comunidades autónomas
- Transporte carretera
- Comunidad de Madrid
- Ayuntamientos
- Política autonómica
- Relaciones laborales
- Administración autonómica
- Finanzas públicas
- Gente
- Gobierno
- Transporte
- Educación
- Administración Estado
- Administración local