El gasto público central crecerá en torno a un 12% en 1993, cuatro puntos más que la economía
Las primeras discusiones para la elaboración del presupuesto de 1993 ya han comenzado entre los distintos ministerios, bajo la batuta de Hacienda. En un primer esbozo, el departamento de Carlos Solchaga plantea un incremento del gasto público para las Administraciones centrales -Estado, Seguridad Social y organismos autónomos- en torno al 12%, es decir, cuatro puntos más que el crecimiento nominal previsto de la economía (8%). En su propuesta, Hacienda establece tres niveles de prioridades, que coinciden básicamente con las del presupuesto del pasado año. Dentro de ellas, destacan los recursos...
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Las primeras discusiones para la elaboración del presupuesto de 1993 ya han comenzado entre los distintos ministerios, bajo la batuta de Hacienda. En un primer esbozo, el departamento de Carlos Solchaga plantea un incremento del gasto público para las Administraciones centrales -Estado, Seguridad Social y organismos autónomos- en torno al 12%, es decir, cuatro puntos más que el crecimiento nominal previsto de la economía (8%). En su propuesta, Hacienda establece tres niveles de prioridades, que coinciden básicamente con las del presupuesto del pasado año. Dentro de ellas, destacan los recursos destinados al desempleo y otras prestaciones sociales que crecerán alrededor de un 27%.
De momento, se han celebrado ya dos reuniones interministeriales para analizar las grandes líneas del presupuesto de las Administraciones centrales para 1993, es decir, de todo el sector público sin contar los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El debate se centra en el gasto público, ya que sobre las grandes líneas que propone Hacienda, los ministerios hacen sus propuestas más o menos ajustadas. Los ingresos se suelen cuadrar al final, es decir, cuando se tiene fijado el "objetivo político" de déficit público.Las líneas maestras del presupuesto y del cuadro macroeconómico ya están fijadas en el plan de convergencia con la CE, pero de hecho existen variaciones. Así, en el programa figura un incremento del gasto público central del 10%, pero Hacienda baraja un 12%, cuatro puntos más que el crecimiento nominal de la economía (8%). El motivo es que para 1992 se esperan unos menores ingresos de 200.000 millones respecto de lo presupuestado y algunos gastos -sanidad y desempleo, sobre todo- ya van por encima de lo previsto.
Lo más probable es que el peso de la deuda arrastrada por estos dos conceptos se desplace hacia los años siguientes en mayor cuantía de la estimada cuando se elaboró el plan de convergencia. Sobre todo si el déficit público no corrige su tendencia actual que, hasta el mes de mayo, registra un incremento en tomo al 50%.
La anunciada subida de las retenciones del trabajo en el impuesto sobre la renta salvaría sólo una parte del problema, ya que se pueden ingresar unos 100.000 millones de pesetas más si la decisión se adopta de forma inmediata, aunque sólo serviría para contrarrestar parte de la caída prevista en el impuesto de sociedades. Además, aún no se han contabilizado unos 400.000 millones en intereses de la deuda adelantados por el Banco de España al Tesoro.
Hacienda vuelve a perseguir, en cualquier caso, que el presupuesto del 93 sea lo más realista posible. Las consecuencias de previsiones muy superadas por la realidad y del no reconocimiento a tiempo de desviaciones como las del Inem y la sanidad, tardarán varios años en superarse y ahora, por lo menos, no se quieren ocultar los problemas.
De hecho, tal y como está estructurado el presupuesto de gastos e ingresos, existe un estrecho margen de maniobra que ofrece pocas variaciones respecto a presupuestos pasados. La propuesta de Hacienda a los demás ministerios establece tres niveles de prioridades. En el primero, se sitúan las denominadas "políticas ineludibles", como son el gasto en desempleo y otras prestaciones sociales, para lo que se prevé un crecimiento del 27%.
Dentro de este primer grupo de prioridades están también los intereses de la deuda pública (16% de aumento), las transferencias brutas a la CE (17%), las clases pasivas o pensiones de los funcionarios (8%) y las transferencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos (8%).
El segundo conjunto de prioridades lo forman la sanidad (17%), justicia (9%), educación (9%) e infraestructuras (9%). El resto de los programas de gasto crecen en tomo a un 5%, es decir, por debajo del crecimiento económico nominal esperado, con especial incidencia en defensa.