Una parte de la reparación

Antes de dictar el fallo, la sentencia del Supremo hace una inusual reflexión sobre "el límite de las soluciones de los problemas sociales por medio del derecho penal". "Mediante la ejecución de penas", afirma la sentencia, "sólo se puede lograr una parte de la reparación, que muy probablemente, en ciertas ocasiones, no sea la que más interesa a las víctimas. Pero, a pesar de ello, esta Sala no puede arbitrar otras medidas de reparación más eficaces, pues carece para ello de los poderes institucionalmente necesarios".

El Supremo se refiere así a la imposibilidad de establecer los ca...

Antes de dictar el fallo, la sentencia del Supremo hace una inusual reflexión sobre "el límite de las soluciones de los problemas sociales por medio del derecho penal". "Mediante la ejecución de penas", afirma la sentencia, "sólo se puede lograr una parte de la reparación, que muy probablemente, en ciertas ocasiones, no sea la que más interesa a las víctimas. Pero, a pesar de ello, esta Sala no puede arbitrar otras medidas de reparación más eficaces, pues carece para ello de los poderes institucionalmente necesarios".

El Supremo se refiere así a la imposibilidad de establecer los cauces para que los afectados por el síndrome tóxico puedan cobrar las indemnizaciones fijadas por la anterior sentencia de la Audiencia Nacional. Aquella sentencia, seriamente corregida ahora, fijó penas muy leves e indemnizaciones muy altas, pero incobrables, ya que para responder de ellas sólo se cuenta con el patrimonio de los aceiteros condenados.

La Audiencia Nacional fijó indemnizaciones de entre 150.000 pesetas para los lesionados menos graves y 90 millones para los grandes inválidos, además de 15 millones de pesetas por cada fallecido. Para responder del total de las indemnizaciones, imposibles de cuatificar por el momento, pero que oscilarían entre los 250.000 y los 540.000 millones de pesetas, sólo hay unos 1.500 millones de patrimonio del conjunto de los aceiteros.

Negociación

Para algunos abogados de las acusaciones, como Francisca Sauquillo, ahora es el momento de negociar con la Administración plazos y condiciones para el pago de indemnizaciones, sin esperar que una eventual condena de ex altos cargos de la Administración de UCD generase la responsabilidad civil del Estado.El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado del proceso de la colza desde sus inicios, manifestó a este periódico que las penas impuestas son "duras", pero más acordes con lo solicitado por el ministerio fiscal. "La sentencia ha hecho caso en parte a las peticiones del fiscal y de algunas acusaciones particulares, cuyo trabajo ha tenido mucho mérito".

La sentencia ha incorporado como afectados por el sindrome a 11 personas, en su mayor parte de Alcalá de Henares, subsanando así algunos errores materiales u omisiones en las listas de la anterior sentencia.