La situación de varios juzgados catalanes es insostenible
El Defensor del Pueblo ha vuelto a criticar en su informe de 1992 el lamentable estado de numerosos juzgados de Cataluña, hecho que imputa a las desavenencias entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia. En concreto, califica de "grave" la situación planteada en los edificios de los juzgados de primera instancia de Sant Boi de Llobregat, Reus, Vilanova i la Geltrú, Gavà, Martorell, El Prat de Llobregat, Rubí, Vilafranca del Penedés, Sant Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, así como los de instrucción de los números 40 al 44 de Barcelon...
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El Defensor del Pueblo ha vuelto a criticar en su informe de 1992 el lamentable estado de numerosos juzgados de Cataluña, hecho que imputa a las desavenencias entre el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Justicia. En concreto, califica de "grave" la situación planteada en los edificios de los juzgados de primera instancia de Sant Boi de Llobregat, Reus, Vilanova i la Geltrú, Gavà, Martorell, El Prat de Llobregat, Rubí, Vilafranca del Penedés, Sant Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, así como los de instrucción de los números 40 al 44 de Barcelona.En sendos escritos a las instituciones mencionadas, el Defensor del Pueblo informa que el grave problema de descoordinación planteado sobre la determinación de competencias entre el Estado y la Generalitat de Cataluña "de prolongarse podría afectar seriamente a la eficacia del derecho fundamental contenida en el artículo 24 de la Constitución". También ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial este conflicto que a su juicio no permite la adecuada protección del servicio público judicial en Cataluña.
El Defensor considera un deber ineludible arbitrar los mecanismos precisos para posibilitar el funcionamiento normal del servicio público esencial que es la Administración de Justicia.
El conflicto de competencias se remonta al 20 de julio de 1990, fecha en que se produjo el traspaso a la Generalitat de las funciones de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Justicia en Cataluña. Las investigaciones del Defensor del Pueblo ante las denuncias formuladas contra esos juzgados en Cataluña concluyen que su mal funcionamiento se debe a sus inadecuadas instalaciones o a la carencia de medios materiales.
La situación de los cuatro juzgados de Sant Boi de Llobregat, ya denunciada en el informe de 1990, es calificada ahora de "extremadamente grave por su insuficiencia". El uso del edificio que los alberga fue cedido temporalmente al Ministerio de Justicia por el Ayuntamiento.