El Insalud remite a la Audiencia Nacional el caso del fraude de las recetas

El Insalud ha remitido al juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, las investigaciones abiertas sobre el caso del fraude de las recetas descubierto en Madrid (véase EL PAÍS de ayer), según informó a Efe el director territorial de este organismo, Antolín Rodríguez.Según Rodríguez, las investigaciones que llevó a cabo el Insalud concluyeron a principios de 1992, momento en el que se trasladó el caso a manos del juez Miguel Moreiras, de la Audiencia Nacional, que sigue con las investigaciones.

En este fraude de facturación de recetas falsas, todas ellas con fór...

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El Insalud ha remitido al juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, las investigaciones abiertas sobre el caso del fraude de las recetas descubierto en Madrid (véase EL PAÍS de ayer), según informó a Efe el director territorial de este organismo, Antolín Rodríguez.Según Rodríguez, las investigaciones que llevó a cabo el Insalud concluyeron a principios de 1992, momento en el que se trasladó el caso a manos del juez Miguel Moreiras, de la Audiencia Nacional, que sigue con las investigaciones.

En este fraude de facturación de recetas falsas, todas ellas con fórmulas magistrales (las que son preparadas por los farmacéuticos) están presuntamente implicados 10 médicos, la mitad de ellos interinos, y cuatro farmacias de la Comunidad de Madrid. El Insalud espera el pronunciamiento del juez para decidir qué tipo de medidas administrativas tomar contra los 10 médicos implicados, que podrían ser expulsados de la Administración. Tanto el Colegio Oficial de Médicos como el de Farmaceúticos están dispuestos a suspender la colegiación e inhabilitar a los implicados si se demuestra su culpabilidad.

El fraude de las recetas falsas, que asciende a 31 millones de pesetas, fue detectado por la Inspección de Farmacia de Madrid a finales de 1991, después de que se advirtiera la existencia de más de 1.000 recetas con fórmulas magistrales anormalmente costosas. Los médicos firmaban recetas innecesarias con los nombres verdaderos de un paciente a cambio de una comisión sobre el precio de venta al público. Después, un intermediario se encargaba de llevar las recetas a las farmacias cómplices, que cargaban el coste del preparado a la Seguridad Social.

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