El Consejo de la Abogacía aplaza sus protestas por el turno de oficio
La asamblea de decanos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) acordó ayer en sesión extraordinaria "suspender, por el momento, la adopción de medidas" de presión en protesta por el anteproyecto de ley de Justicia gratuita del Ministerio de Justicia.En un comunicado de prensa, el CGAE explica que adopta este acuerdo "en tanto se reúna de forma inmediata la comisión mixta establecida en el protocolo -suscrito por el Consejo y el ministerio- de 13 de febrero de 1990 para redactar un nuevo texto de anteproyecto de ley de justicia gratuita conforme a los compromisos adquiridos".
...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La asamblea de decanos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) acordó ayer en sesión extraordinaria "suspender, por el momento, la adopción de medidas" de presión en protesta por el anteproyecto de ley de Justicia gratuita del Ministerio de Justicia.En un comunicado de prensa, el CGAE explica que adopta este acuerdo "en tanto se reúna de forma inmediata la comisión mixta establecida en el protocolo -suscrito por el Consejo y el ministerio- de 13 de febrero de 1990 para redactar un nuevo texto de anteproyecto de ley de justicia gratuita conforme a los compromisos adquiridos".
De esta forma, la asamblea no convocará por el momento ni una huelga de abogados ni la suspensión del servicio de turno de oficio y asistencia gratuita. Para el CGAE, de prosperar el anteproyecto crearía un cuerpo de abogados del turno de oficio carentes de independencia, al establecer facultades a la Administración para su designación, control y atribuciones.
La asamblea de decanos manifiesta en el comunicado su "más absoluta repulsa por la situación de incumplimiento del Ministerio de Justicia y las turbias maniobras que al respecto se están produciendo". No obstante, los 82 decanos tomaron nota de los puntos de acuerdo alcanzados en las conversaciones mantenidas por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, y el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, pendientes aún de formalización.
El convenio suscrito por el ministerio y el Consejo en febrero de 1990 en el que se acordaba la elaboración de la referida ley, incluía una considerable mejora retributiva para los abogados que presten servicios en el turno de oficio y de asistencia al detenido.
El convenio también preveía medidas para evitar que personas con suficiente poder adquisitivo se acojan al derecho de justicia gratuita y evitar así los abusos que algunos ciudadanos que acuden a la justicia cometen en la actualidad.