Detenidos un funcionario de Trabajo y otros dos empresarios de la red de 'piratas' informáticos
Un funcionario de Trabajo, C. A. A., y otros dos empresarios de¡ sector de la informática, Javier Jiménez Sacristán y José María Rodríguez Menéndez, fueron detenidos ayer en relación con la red de venta de datos informáticos que investiga la policía. Estos últimos están acusados de comercializar los censos, completos de Madrid y otras cuatro capitales. Las diligencias pasarán a un juzgado de Móstoles, dado que los delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.
Los dos empresarios detenidos ayer son responsables del Centro de Informática "Tres Cantos", situado en el número 14 de la...
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Un funcionario de Trabajo, C. A. A., y otros dos empresarios de¡ sector de la informática, Javier Jiménez Sacristán y José María Rodríguez Menéndez, fueron detenidos ayer en relación con la red de venta de datos informáticos que investiga la policía. Estos últimos están acusados de comercializar los censos, completos de Madrid y otras cuatro capitales. Las diligencias pasarán a un juzgado de Móstoles, dado que los delitos no son competencia de la Audiencia Nacional.
Los dos empresarios detenidos ayer son responsables del Centro de Informática "Tres Cantos", situado en el número 14 de la calle de Embarcaciones, en la citada localidad madrileña y, según informaciones policiales, comercializaron ilegalmente los censos completos de población de Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Palencia y el del municipio madrileño de Colmenar Viejo.Los detenidos se encontraban anoche prestando declaración en el complejo policial de la carretera de Canillas ante los policías del Servicio Central de Policía Judicial. Jiménez y Rodríguez están acusados de haber vendido' presuntamente los censos de Madrid y otras capitales a Rosa María Álvarez Cantó Obregón, propietaria de una pequeña empresa radicada en la calle de Quejigo, en la lujosa urbanización madrileña del Soto de la Moraleja.
El Centro de Informática Tres Cantos consiguió hacerse con estos censos aprovechando su condición de subcontratista de otra empresa que a su vez había obtenido un contrato de los respectivos ayuntamientos para realizar trabajos informáticos.
Ayer tarde, la policía detuvo en Madrid a un funcionario del centro de proceso de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este hecho refuerza los indicios sobre la existencia de un delito de cohecho, del que por ahora sólo se acusa a Joaquín González. Fuentes próximas a la investigación reconocieron anoche que hay sospechas contra al menos "cinco o seis funcionarios más" que cobraron por suministrar información.
El juez se inhibe
Mientras la operación policial continúa, el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, resolvió ayer remitir las diligencias al juzgado número 2 de Móstoles, el cual tramitó la primera denuncia contra Joaquín González López, supuesto cerebro de la red de piratas informáticos. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Móstoles el 11 de julio de 1991 contra Publigest, la empresa informática de González López.
Antes de inhibirse del asunto, el juez Moreiras estudió un informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, según el cual los presuntos hechos denunciados (cohecho, revelación de secretos y uso público de nombre supuesto) "no son susceptibles de incriminación con arreglo a ninguno de los supuestos legales en los que es competente la Audiencia Nacional".
La inhibición del juez Moreiras en favor del juzgado de Móstoles ha supuesto un disgusto para los encargados del caso, que en estos momentos están pendientes de someter a análisis los 2.000 soportes magnéticos que han sido decomisados. "En ellos hay una auténtica bomba, ya que contienen múltiples datos sobre 21 millones de españoles", declaró un responsable policial. Sin embargo, este reconoció que hay un vacío legal que posibilita la existencia de estas redes.
Hasta la fecha, sólo uno de los 10 detenidos ha ingresado en prisión, en tanto que para otros cinco el juez ha decretado fianzas de entre 25.000 y 1.000.000 de pesetas, otro ha quedado en libertad sin cargos y los tres últimos pasan hoy a disposición judicial.
La única persona que ha ingresado en prisión incondicional hasta ahora es Joaquín González López, de 55 años, propietario de Publigest, en cuyo carné de identidad figura la profesión de chófer. En otra etapa de su vida trabajó como fotógrafo. "Pero entiende mucho de informática", explicó un policía.
González López, que vive en un chalé de la localidad madrileña de Las, Rozas, suele ir armado con pistola. Entre los principales clientes de su empresa están aseguradoras, entidades bancarias y empresas relacionadas con el ramo de la automoción.
La actividad informática de González se inició a mediados de los años 70, cuando comenzó a comprar ordenadores de segunda mano, sobre todo a entidades bancarias. Más tarde empezó a hacer encargos informáticos para el Ministerio de Hacienda, debido a que el Estado no disponía entonces de la suficiente infraestructura técnica para procesar los datos de las declaraciones fiscales. "González: comenzó a poner en práctica la técnica de realizar el encargo y, además, aprovechar para hacer una copia y quedársela en su propio beneficio", declaró un mando policial.
Carlos Álvarez Cantó Obregón, propietario de una empresa sita en la calle de Baeza, está considerado como el cerebro de la parte informática de la organización, de la' que presuntamente formaban parte la empresa que Ricardo Alcantara Vega y Alfonso Martínez Melguizo poseen en la avenida de Manoteras; y la que Gabriel Usera González, que quedó en libertad bajo fianza de 25.000 pesetas, tiene en la localidad madrileña de El Escorial.