La plantilla de Telefónica se integra en la Seguridad Social con un coste de 130.683 millones de pesetas

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que la plantilla de Telefónica se integra en el régimen general de la Seguridad Social y desaparece la Institución Telefónica de Previsión (ITP), entidad que hasta ahora sustituía al organismo público en la cobertura de contingencias de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia.La integración será efectiva a partir del 1 de enero de 1992 y afectará a un total de 87.721 personas, de las que 74.121 son activos y 13.150 pensionistas.

La Seguridad Social percibirá, por las obligaciones que asume al acoger a la plantilla de Telefónica...

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que la plantilla de Telefónica se integra en el régimen general de la Seguridad Social y desaparece la Institución Telefónica de Previsión (ITP), entidad que hasta ahora sustituía al organismo público en la cobertura de contingencias de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia.La integración será efectiva a partir del 1 de enero de 1992 y afectará a un total de 87.721 personas, de las que 74.121 son activos y 13.150 pensionistas.

La Seguridad Social percibirá, por las obligaciones que asume al acoger a la plantilla de Telefónica en su régimen de prestaciones, una compensación por pasivos o pensionistas de 130.683 millones de pesetas. De ellos, 75.000 millones -precisamente los fondos con los que cuenta la ITP- se ingresarán en el momento en que la Seguridad Social inicie el pago directo de las pensiones a los correspondientes beneficiarios.

El resto del pago (55.683 millones de pesetas) deberá ser amortizado por Telefónica de manera aplazada en los términos que aún debe fijar la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Un primer borrador de esa fórmula de pago contempla que Telefónica deberá abonar esos 55.683 millones en un plazo de diez años.

Por lo que se refiere a las prestaciones para los trabajadores activos, la Seguridad Social la ha valorado en 134.064 millones de pesetas. En este caso, el organismo público percibirá de la empresa una cotización adicional durante un plazo de 25 años consistente en un 1% de las bases de cotización del colectivo durante los próximos cuatro años y del 2,2% durante los 21 restantes.

Los pensionistas de Telefónica empezarán a cobrar de inmediato las prestaciones que les correspondan de la Seguridad Social. Esa pensión, al ser menor de la que ahora perciben de la ITP, será compensada con una prestación complementaria que, según fuentes de la empresa, será totalmente asumida por Telefónica. Ese compromiso supone sólo para los trabajadores pasivos más de 100.000 millones de pesetas, de acuerdo con los cálculos efectuados por CC OO.

A pesar del acuerdo del Consejo de Ministros, el reordenamiento de las prestaciones sociales de los trabajadores activos de Telefónica aún tiene un obstáculo sin salvar, el de las aportaciones complementarias. Telefónica optó en su día por crear un fondo de pensiones cuya constitución estaba a la espera de la desaparición de la ITP. La dirección de la empresa espera cerrar un acuerdo con los sindicatos en el plazo de dos meses.

Ante la inminencia del acuerdo adoptado ayer por el Gobierno, ya han comenzado a trabajar tres grupos de actuarios con la misión de determinar la cuantía de dinero con la que debe comenzar a funcionar el fondo de pensiones de Telefónica. Los grupos de especialistas son el dirigido por Vicente González Catalá, la consultora de Postal de Previsión y Pensiones y Gil & Carvajal.

La opción elegida finalmente por el Gobierno era apoyada por los sindicatos mayoritarios en la compañía, si bien contaba con el radical rechazo de algunos minoritarios, como la Unión Telefónica Sindical.

Con la integración de Telefónica son ya quince los colectivos que se han incorporado al régimen de la Seguridad Social y que antes contaban con un sistema alternativo, generalmente en forma de mutualidad. El precedente más importante lo constituyó la integración de los trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).