Francia aprueba la ley que indemniza a los contagiados de sida por transfusión

Los ministros franceses de Sanidad y Asuntos Sociales, Durieux y Bianco, respectivamente, presentaron ayer al Gobierno un proyecto de ley destinado a indemnizar a las víctimas del sida debido a transfusiones de sangre contaminada.

El Gobierno aprobó dicho proyecto, que consiste en crear un fondo de solidaridad a partir de una tasa especial sobre los contratos de seguros. Aunque no se ha dado a conocer aún cifra alguna, se estima que los beneficiarios de las indemnizaciones son unas 7.000 personas -entre ellas, unos 1.200 hemofílicos- y que el montante total de las cantidades que les...

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Los ministros franceses de Sanidad y Asuntos Sociales, Durieux y Bianco, respectivamente, presentaron ayer al Gobierno un proyecto de ley destinado a indemnizar a las víctimas del sida debido a transfusiones de sangre contaminada.

El Gobierno aprobó dicho proyecto, que consiste en crear un fondo de solidaridad a partir de una tasa especial sobre los contratos de seguros. Aunque no se ha dado a conocer aún cifra alguna, se estima que los beneficiarios de las indemnizaciones son unas 7.000 personas -entre ellas, unos 1.200 hemofílicos- y que el montante total de las cantidades que les corresponderán puede oscilar entre los 10.000 y los 15.000 millones de francos (entre 190.000 y 290.000 millones de pesetas). Esta cantidad se calcula a partir de las indemnizaciones hasta ahora acordadas por los tribunales, que se mueven entre uno y dos millones de francos (entre 19 y 38 millones de pesetas).

Protesta de aseguradoras

La Federación Francesa de Compañías Aseguradoras considera que la medida es "injusta", por cuanto hace recaer sobre compañías privadas y los bolsillos de los que tienen suscritas pólizas el pago de unas responsabilidades que son estatales.Para optar a la indemnización habrá que probar haber contraído el sida antes del 31 de noviembre de 1989, aunque no se exigirá demostrar que la única vía de contagio ha sido una transfusión. Según ciertos juristas, este amplio criterio corresponde a la existencia de una voluntad política que desea resolver el escándalo a través de la generosidad gubernamental y sin temer crear jurisprudencia sobre la cuestión.

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