Dando palos de ciego

El autor atribuye en parte al "malestar con el que las Fuerzas Armadas asisten al debate político sobre el servicio militar" los intentos del Ministerio de Defensa de penalizar a los ciudadanos que se declaran insumisos, y estima que las medidas no parecen acordes con la Constitución vigente. El articulista cree que la ceguera del ministro de Defensa a la hora de reconocer los derechos de los objetores de conciencia e insumisos ha agriado la discusión.

Próximamente, el Congreso de los Diputados debatirá el proyecto de ley de reforma del servicio militar, aprobado por el Consejo de Minis...

El autor atribuye en parte al "malestar con el que las Fuerzas Armadas asisten al debate político sobre el servicio militar" los intentos del Ministerio de Defensa de penalizar a los ciudadanos que se declaran insumisos, y estima que las medidas no parecen acordes con la Constitución vigente. El articulista cree que la ceguera del ministro de Defensa a la hora de reconocer los derechos de los objetores de conciencia e insumisos ha agriado la discusión.

Próximamente, el Congreso de los Diputados debatirá el proyecto de ley de reforma del servicio militar, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio. Aun cuando en su redacción se recogen las conclusiones de la ponencia creada en el Congreso, en la que se impusieron las tesis del PSOE y del PP de mantener unas Fuerzas Armadas de carácter mixto, el tema más polémico del anteproyecto que estudió y aprobó, el Gobierno fueron las intenciones del ministro de Defensa de inhabilitar primero, o dificultar si ello no era posible, el acceso de insumisos a empleos públicos.Esta cuestión que ningún grupo político planteó en la ponencia del Congreso apareció en los borradores que distribuyó el ministerio en los días previos a su aprobación por el Consejo de Ministros, con una redacción mucho más dura, inhabilitando de por vida a los insumisos, pero, dada su manifiesta inconstitucionalidad e inoportunidad, se sustituyó por otro redactado de forma mucho más suave, pero igualmente inconstitucional según el cual para el ingreso en las administraciones públicas tendrá preferencia quien acredite haber cumplido el servicio militar o la prestación social sustitutoria.

Trabas

Esta disposición, que no afectaría ni a las mujeres ni a los excluidos totales por inutilidad, signficaría una traba a la hora de opositar o acceder a un contrato temporal con la Administración no sólo a los insumisos, sino también al resto de objetores, dado que, como es sabido, deben esperar unos dos años desde que se manifiestan dispuestos a realizar la prestación hasta que son llamados a incorporarse. También perjudican a quienes gocen de exclusiones médicas temporales -pendientes de una nueva revisión a los dos años, tras lo que se alcanzaría la inutilidad definitiva- y a quienes disfruten de un aplazamiento de un año por tener un hermano incorporado a la mili o la prestación social. Pero para quienes esta disposición resulta más absurda y lesiva son los que estén en prórrogas por estudios -una de cuyas modalidades es la preparación de oposiciones-, quienes tengan la prórroga de primera clase por ser necesario su sueldo para mantener a la familia y quienes tengan la nueva prórroga de tercera clase, que se concede por razones de tipo laboral para consolidar un puesto de trabajo. Ello perjudicará a los interinos que se acojan a la misma en espera de la convocatoria de oposiciones, en las que se verán penalizados por tener la prórroga.

Si el Parlamento aprueba esta disposición, significará, de hecho, una modificación de la legislación estatal, autonómica y local de función pública y contratación de personal, realizada por un procedimiento irregular que, además de perjudicar a quienes disfrutasen de las prórrogas o exclusiones temporales, castigaría indefinidamente a aquellos jóvenes que cometen algo que hoy es delito, pero que probablemente algún día no lejano dejará de serlo, cuando desaparezca la obligatoriedad del servicio militar.

Críticas a Justicia

Pero no es esta la primera ocasión que el nuevo titular de Defensa se entromete o enfrenta con otro ministerio o realiza propuestas descabelladas dando palos de ciego para intentar frenar el crecimiento cuantitativo de la objeción e insumisión. El pasado 17 de junio, en su comparecencia en el Senado, tras criticar abiertamente al Ministerio de Justicia por la lentitud del desarrollo de la prestación social sustitutoria, sugirió la posibilidad de militarizar el régimen de disciplina de la prestación de los objetores.

Estas propuestas responden, sin lugar a dudas, al malestar con el que las Fuerzas Armadas asisten al debate político sobre el servicio militar, al rechazo social a la mili y al eco que ello ha obtenido en las fuerzas políticas y en los medios de comunicación. Es cierto, como dice el ministro, que en ningún otro país europeo el debate ha adquirido el nivel español, ni los insumisos tienen la fuerza aquí demostrada, pero ello se ha producido, en parte, por los múltiples errores y tozudeces del ministerio.

No es sólo el trato dispensado a los reclutas o el pasado histórico de nuestros ejércitos. La tacañería con la que se reguló la objeción de conciencia en 1984 y las sorprendentes sentencias del Tribunal Constitucional en 1987 desautorizando los recursos del Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional reforzaron las tesis más radicales de los colectivos de objetores que se vieron abocados a una campaña de desobediencia sin precedentes en Europa. La negativa a dialogar con los sectores o grupos digamos más moderados, que consiguieron hace algo más de un año impugnar parcialmente el Reglamento de la Prestación Social, ha llevado también a éstos a plantear formas de desobediencia. Los jueces civiles están dando largas a los procesos por negativa a cumplir la prestación social y han denunciado en diversas ocasiones la excesiva dureza de las penas de prisión de hasta seis años que impone la ley. Ahora, según el proyecto de ley de reforma del servicio militar, también tendrán que hacerse cargo de los 1.500 insumisos a la mili a quienes, por instrucciones del Ministerio de Defensa, los jueces y fiscales militares hicieron en lo posible la vista gorda.

Esperemos que la actual pretensión de perjudicar a la hora de acceder a puestos de trabajo en la Adiministración no prospere. Tal vez todo acabará con que el tiempo prestado se computará a efectos de trienios o como un mérito a efectos de destino una vez adquirida la plaza en igualdad de condiciones. Pero endureciendo la legislación con propuestas como ésta sólo dificultan una transición tranquila hacia el Ejército profesional. El número de objetores, que se disparó tras el envío de soldados de quinta al Golfo, no, disminuirá haga lo que haga el Gobierno. Igualmente, es dudoso creer que el Estado pueda soportar la presión de más de 2.000 pacifistas encarcelados durante las celebraciones de 1992, pero si se hace la vista gorda un año más, su fuerza será, afortunadamente, imparable.

Situación sin retorno

Ni los insumisos son insolidarios ni algo que deba pararse para asegurar la continuidad del servicio militar obligatorio. Los múltiples errores y trabas a la objeción y las condiciones con la que todavía se presta la mili han llevado a esta situación tal vez sin retorno. La pelota no está ni en las fuerzas políticas que rechazan el servicio militar obligatorio, ni en los medios de comunicación por recoger un sentimiento real de la sociedad, ni en los colectivos pacifistas de objetores e insumisos. Está y ha estado siempre en el tejado del Ministerio de Defensa y de los cuarteles españoles, pero, por no reconocer esta evidencia, las cosas han llegado a la situación actual mientras el nuevo ministro da palos de ciego.