Aclarar lo ambiguo

LA CELEBRACIÓN de la Diada no ha supuesto la apoteosis del crescendo verbal que ha vivido Cataluña en las últimas semanas sobre el autogobierno y la independencia. A Convergència no le interesaba una celebración fuerte que excluyera a demasiados ciudadanos de la fiesta nacional. Se quiso enfriar la Diada y se consiguió. Jordi Pujol, con la afirmación del respeto al marco constitucional, recondujo las lecturas que se habían hecho sobre la estrategia verdadera del nacionalismo conservador. Desactivó temporalmente una polémica que, pese a ser fundamentalmente dialéctica, está...

LA CELEBRACIÓN de la Diada no ha supuesto la apoteosis del crescendo verbal que ha vivido Cataluña en las últimas semanas sobre el autogobierno y la independencia. A Convergència no le interesaba una celebración fuerte que excluyera a demasiados ciudadanos de la fiesta nacional. Se quiso enfriar la Diada y se consiguió. Jordi Pujol, con la afirmación del respeto al marco constitucional, recondujo las lecturas que se habían hecho sobre la estrategia verdadera del nacionalismo conservador. Desactivó temporalmente una polémica que, pese a ser fundamentalmente dialéctica, está dejando un poso de radicalismo en algunos sectores de Cataluña y generando sorpresa en otros lugares de España.El pujolismo achaca la actitud escandalizada de Madrid a la histórica incomprensión del resto de España y no admite que en su discurso hay una calculada ambigüedad -administrada en sus acentos según convenga- para absorber el radicalismo nacionalista. La polémica ha dejado un ambiente de confusión, incluso de prevención, que puede enturbiar una negociación crucial, como la de la financiación autonómica, en el sentido de no saber exactamente para qué se pide: si para el refuerzo legítimo del autogobierno o como un calculado paso más en un proyecto de Cataluña que, por no estar definido en su alcance, desbordaría el ámbito de la Constitución. Esta confusión afecta no sólo a la política española general, sino también al partido mayoritario en Cataluña. Seguramente, tanto el alcalde de Solsona, que se ha negado a izar la bandera española en el Ayuntamiento su excusa de que estaba en la tintorería es una payasada como los concejales de CIU que han votado a favor del derecho a la independencia, cuando lo han hecho, no han tenido ninguna sensación de heterodoxia dentro de su partido y ahora se estarán preguntando el porqué de la regañina que el 11 de septiembre les han propinado sus más altos dirigentes.

Sería estúpido arrojar a las tinieblas de la moción a toda ideología que contenga ensueños Índependentistas, sobre todo cuando se practica desde el rechazo a la violencia. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber quién está claramente por esa alternativa -con todo lo que implica de conflictividad y de ruptura con el actual proyecto democrático- y quién por el desarrollo de la Constitución en la perspectiva de la unidad europea, una unidad que tiene como genuina vocación la eliminación de barreras y de fronteras en vez de la creación de otras nuevas. Ambos caminos se excluyen entre sí; confundirlos con volutas de humo dialécticas equivale a secuestrar el derecho de los ciudadanos a una información precisa y veraz sobre los propósitos políticos de quien eso practica.

El escasísimo crecimiento de la capacidad de convocatoria de los grupos independentistas en la Diada puede haber llevado la tranquilidad a quienes, desde el nacionalismo conservador, temían que la contundencia de Esquerra Republicana provocara una merma en el respaldo electoral de CiU. Tras el 11 de septiembre, los cálculos sobre el momento conveniente para convocar las elecciones autonómicas vuelven -a situarse en el resultado de las negociaciones sobre la financiación autonómica, una disputa más comprensible para la ciudadanía catalana que las abstractas -y a veces motivadas por mezquinos móviles- discusiones sobre derechos y esencias.

Sin duda, una notable ayuda al cultivo de estas periódicas expansiones nacionalistas es la escasa ambición de la actual política autonómica del Gobierno central y del partido que lo sustenta. Los socialistas catalanes han formulado una propuesta federalista, asumida por el PSOE, pero se trata de una asunción más bien nominalista. Y lo es porque, aun antes de hablar a fondo del asunto, la política del PSOE, incluso sin necesidad de retoques jurídicos sustanciales, podía haber avanzado mucho más en la apuesta por federalizar España, en el ámbito de las competencias y de un reparto más equilibrado de los recursos.