Matilde Fernández dice que no puede saber quién controla las empresas que contrata

"El ministerio que dirijo no tiene potestad para investigar la composición de las empresas a las que adjudica servicios". Con estas palabras contestó Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, a los portavoces parlamentarios que le preguntaron ayer en el Congreso sobre las razones que motivaron que su departamento concediera la gestión de los programas de vacaciones para la tercera edad a Viajes Ceres y Viajes Iberia, empresas vinculadas a una presunta red de financiación irregular del PSOE.

Fernández compareció ayer ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso a peti...

"El ministerio que dirijo no tiene potestad para investigar la composición de las empresas a las que adjudica servicios". Con estas palabras contestó Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, a los portavoces parlamentarios que le preguntaron ayer en el Congreso sobre las razones que motivaron que su departamento concediera la gestión de los programas de vacaciones para la tercera edad a Viajes Ceres y Viajes Iberia, empresas vinculadas a una presunta red de financiación irregular del PSOE.

Fernández compareció ayer ante la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso a petición del grupo del CDS para explicar la gestión y el proceso de adjudicación de los viajes para ancianos organizados por el Instituto de Servicios Sociales (Inserso).Fernández consumió la mayor parte de su intervención en detallar la legislación vigente en materia de contratos, normativa por la que, según dijo, se han guiado en todo momento los responsables de la adjudicación del programa de vacaciones. "En los concursos convocados para realizar este servicios se ha elegido a la empresa que más se adecuaba a las características del programa, sin tener en cuenta sus contraprestaciones económicas, ni, por supuesto, su titularidad", dijo. La ministra finalizó su primer turno de palabra realizando un resumen laudatorio de los resultados sociales del programa de vacaciones.

En el turno de réplica, todos los portavoces lamentaron la actitud de Matilde Fernández "al limitarse a detallar la legislación mercantil y a resaltar los efectos positivos del programa de vacaciones sin entrar en el trasfondo ético de las razones por las que se ha adjudicado ese servicio a empresas participadas por personas de su partido".

"Estamos ante un escándalo público y la ministra sólo va a leernos la Ley de Contratos del Estado", llegó a decir la portavoz del Partido Popular, Celia Villalobos, quien advirtió a la ministra que "en su día" le hará llegar documentación que demuestra "que su ministerio es un instrumento". Coincidencia en la oposición

Los portavoces mostraron asimismo coincidencia de criterios al preguntar a la ministra las causas de que Asuntos Sociales adjudicara el programa de vacaciones de 1990-91 a Viajes Iberia -firma en la que figuran antiguos responsables de Viajes Ceres- después de que Ceres presentara suspensión de pagos en el verano de 1990. ¿Por qué se adjudica el servicio a una firma con las mismas personas que demostraron su ineficacia en Viajes Ceres?, preguntó la oposición. "Estoy perpleja con su insistencia", respondió la ministra; "el ministerio no puede ni tiene por qué conocer las relaciones entre empresas ni el accionariado de las mismas. Se adjudicó el programa a la empresa que se estimó que podría llevarlo a cabo mejor", concluyó Fernández.

La ministra no contestó a la pregunta de Villalobos sobre el destino de los 500 millones de pesetas que Viajes Ceres recibió de Asuntos Sociales y no utilizó para pagar a los hoteleros del programa de vacaciones, al presentar suspensión de pagos. "Eso pregúntenselo a otras instancias", dijo después a los informadores.

Después de utilizar tres turnos de palabra, los argumentos de la ministra no convencieron a la oposición, que dijo seguir con sus dudas acerca "no de la legalidad de las adjudicaciones, sino de la moralidad de las mismas".

No obstante, a la salida de la comisión, una sonriente y relajada Matilde Fernández confesaba su "satisfacción". "He entrado en la sala con la sospecha de irregularidades y salgo sin haber oído un sólo reproche sobre la legalidad de las adjudicaciones", concluyó.