El Defensor andaluz propone que el SAS abone operaciones en centros privados

El Defensor del Pueblo de Andalucía, Manuel Conde Pumpido, ha propuesto a la Administración autonómica que abone las facturas de las intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas en aquellas patologías donde las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud acumulan un mayor retraso. La medida, sugerida en el informe anual de esta oficina, contribuiría a paliar un problema que afecta a más de 60.000 andaluces y que, según el citado informe, constituye uno de los principales motivos de queja de los ciudadanos.En el informe se propone que para articular esta posibilidad sea la propia Administ...

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El Defensor del Pueblo de Andalucía, Manuel Conde Pumpido, ha propuesto a la Administración autonómica que abone las facturas de las intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas en aquellas patologías donde las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud acumulan un mayor retraso. La medida, sugerida en el informe anual de esta oficina, contribuiría a paliar un problema que afecta a más de 60.000 andaluces y que, según el citado informe, constituye uno de los principales motivos de queja de los ciudadanos.En el informe se propone que para articular esta posibilidad sea la propia Administración autonómica sanitaria la que determine "unos plazos máximos a agotar para justificar el retraso", superados los cuales se abonarían los gastos de la intervención en centros privados.

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Conde Pumpido ha advertido así mismo de la existencia de pronunciamientos judiciales contra el Insalud por recursos elevados por ciudadanos que tras aguardar en las listas de espera, reclamaron a este organismo el abono de las intervenciones en la medicina privada.

El informe del Defensor del Pueblo hace referencia a casos de pacientes que han debido esperar hasta dos y tres años para ser intervenidos de cataratas, prótesis de cadera, hernia, cirugía ortopédica y afecciones de otorrinología.

El Defensor del Pueblo advierte además sobre la práctica desviacionista hacia el sector privado, "promovida por determinados facultativos y propiciada por la persistencia de las prolongadas listas de espera y por la capacidad del sistema público para atender este tipo de situaciones". Según se sostiene en el informe, esta traslación "compromete el principio de igualdad proclamado en nuestra Constitución", dado que la utilización del sistema privado está condicionada por el nivel económico del ciudadano.

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