Parcelistas de Paracuellos se querellan contra su junta rectora por malversación

Vigilantes jurados contratados por la junta rectora de la urbanización Peña del Cuervo, de Paracuellos del Jarama, impidieron ayer a medio centenar de vecinos entrar en una asamblea que celebraban los copropietarios. Los parcelistas excluidos, que se concentraron frente al local del Ayuntamiento donde se celebraba el acto, se han querellado contra la junta rectora por "las múltiples irregularidades económicas" por sus miembros, según denuncian.Los manifestantes han suspendido los pagos a la junta rectora por las "irregularidades detectadas en la gestión de unas obras". Por ello han presentado ...

Vigilantes jurados contratados por la junta rectora de la urbanización Peña del Cuervo, de Paracuellos del Jarama, impidieron ayer a medio centenar de vecinos entrar en una asamblea que celebraban los copropietarios. Los parcelistas excluidos, que se concentraron frente al local del Ayuntamiento donde se celebraba el acto, se han querellado contra la junta rectora por "las múltiples irregularidades económicas" por sus miembros, según denuncian.Los manifestantes han suspendido los pagos a la junta rectora por las "irregularidades detectadas en la gestión de unas obras". Por ello han presentado una querella criminal contra Miguel Gil González, presidente del consejo rector; Eleazar Alonso Angulo, vicepresidente, y Patricio José Moreno Manzano, gerente del mismo.

Los vigilantes jurados prohibieron el acceso a los parcelistas alegando "órdenes de la junta rectora". Mientras, en el interior del edificio municipal se contaban a favor de dicha junta los votos de los parcelistas, a los que se les impedía el paso, según aseguran ellos.

El problema que padecen los habitantes de esta urbanización, según relataron, es que los miembros de la junta rectora contra los que hay presentada una querella por supuesta apropiación indebida de fondos, no siguen "el proyecto que en un principio se presentó, que no se parece en nada a las obras que se están ejecutando ahora".

Según los parcelistas, no se respetan las condiciones del proyecto, lo que puede originar un desfase de más de 200 millones de pesetas, que "nadie sabe dónde han ido a parar". Según las denuncias efectuadas, no se han compactado las tierras, se han utilizado tuberías como para tres urbanizaciones, según las facturas, y las obras, que debían estar terminadas el 31 de marzo de este año, tan sólo se han ejecutado a un 30%.