¿Moratoria o eutanasia nuclear?

La energía nuclear está moribunda. En Estados Unidos no se encarga reactor alguno desde 1975 y se han abandonado más de cien proyectos. Las compañías sobrevivientes a las quiebras se orientan allí cada vez más hacia los yacimientos de ahorro energético y unas energías renovables mucho más prometedoras. En el Reino Unido, los inversores privados compraron todo el sistema eléctrico privatizado por Margaret Thatcher menos las ruinosas centrales nucleares. La industria nuclear está paralizada en todo el mundo desarrollado, salvo en Francia y en Japón. Si en 1975 el Organismo Internacional para la ...

La energía nuclear está moribunda. En Estados Unidos no se encarga reactor alguno desde 1975 y se han abandonado más de cien proyectos. Las compañías sobrevivientes a las quiebras se orientan allí cada vez más hacia los yacimientos de ahorro energético y unas energías renovables mucho más prometedoras. En el Reino Unido, los inversores privados compraron todo el sistema eléctrico privatizado por Margaret Thatcher menos las ruinosas centrales nucleares. La industria nuclear está paralizada en todo el mundo desarrollado, salvo en Francia y en Japón. Si en 1975 el Organismo Internacional para la Energía Atómica (IAEA) proclamaba que en el año 2000 la mitad de la electricidad mundial sería de origen nuclear, en 1988 rondaba el 15% y a la tendencia actual será del 10% a fin de siglo.Cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró idéntico panorama: un sector eléctrico al borde de la quiebra, con una deuda que asciende ahora a 4,3 billones de pesetas (¡equivalente a la deuda externa de Venezuela o Turquía!). Pero en lugar de dejar que los inversores ineptos salieran del mercado, admitieron el tradicional parasitismo de los monopolios eléctricos españoles y decidieron apuntalar sus maltrechas finanzas con ingentes recursos públicos. El resultado fue la moratoria nuclear adoptada en 1984. Lejos de estar motivada por razones ecológicas, la moratoria y los intercambios de activos iniciados entonces han estado destinados a traspasar la ruinosa factura nuclear a usuarios y contribuyentes. A finales de los ochenta la operación había supuesto 700.000 millones, más otros 400.000 millones por el pago anual de intereses, enterrados por el Estado para reflotar a las compañías eléctricas.

Ni siquiera detuvo la nuclearización: silenciosamente, bajo la Administración socialista nos íbamos a convertir en el tercer país más nuclearizado de la Comunidad Europea -detrás de Francia y Bélgica-, pasando la generación nuclear de electricidad del 20,4% en 1984 al 40,7% en 1989, tras conectar a la red Cofrents, Ascó II, Vandellòs II y Trillo I. Sólo los grupos de Trillo II (donde apenas se ha construido nada), los dos de Lemóniz (inviables por razones bien conocidas) y el de Valdecaballeros quedaban en moratoria real. Mientras tanto, como siempre, el Estado se haría cargo de los residuos nucleares y el desmantelamiento a través de Enresa, subvencionaba con centenares de miles de millones el enriquecimiento del combustible nuclear (una cifra comparable a todo el Plan de Energías Renovables) y en el recibo de la luz se asignaba un 0,25% para la compra de uranio y otro 1,3% para las operaciones del combustible irradiado.

Para remachar el clavo, el nuevo marco legal estable de las tarifas eléctricas adoptado en 1984 asignaba un 3,54% del recibo a resarcir a los inversores por haber enterrado estúpidamente millones en Lemóniz o Valdecaballeros. En otras palabras, todos hemos sido obligados a sacar del hoyo a las compañías eléctricas, que ya se equivocaron una vez apostando por la sobreinversión en ruinosas centrales nucleares y que de ese modo -claro está- han seguido pidiendo a gritos volver a equivocarse abriendo Valdecaballeros. Pero el problema de verdad no es sólo el coste de la moratoria, como ahora proclama hipócritamente toda la derecha económica. El verdadero problema es la inmensa losa de la equivocación nuclear.

Por eso la reciente decisión del ministro de Industria no cambia casi nada. Las únicas novedades (sin duda positivas, y en las que los antinucleares también reconocemos nuestro esfuerzo) son la definitiva exclusión de Valdecaballeros y la apuesta por el gas argelino. Pero ante una energía nuclear moribunda, Aranzadi se empeña en agotar hasta el final la vida útil de las nueve centrales nucleares en funcionamiento. El núcleo del dilema energético presente aparece con claridad cuando se compara la decisión del ministro de Industria con el plan energético alternativo Energía 2000, elaborado recientemente por la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) e Izquierda Unida (IU) para la próxima discusión del Plan de Energía Nuclear (PEN). Ambos coinciden en aumentar la participación del gas natural, que en el Estado español sólo alcanza el 5'lo del consumo de energía primaria, cuando la media de la Comunidad Europea se sitúa en el 18% (y el gas es, sin duda, el menos contaminante de todos los combustibles fósiles). Sin embargo, mientras el plan alternativo de Aedenat-IU demuestra que se pueden cerrar sin problemas todas las centrales nucleares si se emprenden inversiones serias en ahorro y eficiencia y se potencian las energías renovables, la propuesta de Aranzadi sencillamente excluye tal posibilidad, hasta más allá del año 2000.

Pues bien, la verdadera opción de futuro es la propuesta por Aedenat, Greenpeace y todos los varios centenares de grupos ecologistas que impulsan la campaña Vivir sin nucleares: ahorrarnos a nosotros y los que vendrán mayores residuos nucleares, contaminación radiactiva y peligros de accidentes, cerrando las centrales nucleares; obtener mucha más energía simplemente empleándola mejor; apostar por el gas como fuente no renovable de transición, especialmente en sistemas descentralizados de cogeneración, y dar entrada a las energías renovables alternativas, las únicas que abren un horizonte de perdurabilidad para el próximo siglo. Así lo comprendió Dinamarca, que tuvo la sensatez de no construir centrales nucleares y ahora tiene la energía más barata y la renta per cápita más alta de la Comunidad Europea. Así lo ha decidido Suecia, cerrando paulatinamente sus centrales nucleares hasta el 2010 y emprendiendo un ambicioso programa de ahorro y diversificación. Así se está haciendo en California, Seattle, Nueva Inglaterra y otros Estados norteamericanos.

La cuestión, por tanto, no es si manda más el PSOE o el Gobierno. No tiene nada que ver. La cuestión es que ante la agonía mundial de la energía nuclear, cinco años después de Chernóbil, sólo caben dos opciones: el ministro Aranzadi quiere prolongar su vida hasta el final, para que entre todos paguemos a las eléctricas su terrible equivocación. Todos los que impulsamos la campana Vivir sin nucleares preferimos la eutanasia nuclear, que es mucho más económica y sana ecológicamente. Y estamos recogiendo medio millón de firmas en favor de una iniciativa legislativa popular antinuclear para proclamarlo, por vez primera, desde el Congreso de los Diputados.

es profesor de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona y miembro de la revista Mientras Tanto. es profesor de Metodología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona y miembro de la revista Mientras Tanto.