España considera incompleta la propuesta para la reforma agrícola

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, expresó ayer su postura favorable a una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en el marco de la CE tal como se ha propuesto por la Comisión Europea. Sin embargo, para el responsable español, la documentación presentada hasta el momento por la Comisión es totalmente incompleta y se hace indispensable un amplio debate en todos los países y por todos los sectores afectados.Según indicó ayer el ministro en una conferencia de prensa, la Comunidad debe definir tanto los instrumentos como el ritmo de aplicación y los recursos financieros que se aplicar...

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, expresó ayer su postura favorable a una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en el marco de la CE tal como se ha propuesto por la Comisión Europea. Sin embargo, para el responsable español, la documentación presentada hasta el momento por la Comisión es totalmente incompleta y se hace indispensable un amplio debate en todos los países y por todos los sectores afectados.Según indicó ayer el ministro en una conferencia de prensa, la Comunidad debe definir tanto los instrumentos como el ritmo de aplicación y los recursos financieros que se aplicarán en esta reforma. En cualquier caso, para el ministro de Agricultura, no hay materialmente tiempo para que en este momento puedan simultanearse las negociaciones sobre los precios agrarios de la próxima campaña y las conversaciones para la reforma de la PAC.

Durante los últimos meses, el comisario de Agricultra, Ray MacSharry, trabaja en la elaboración de una profunda reforma de la PAC que en sus grandes líneas contempla una reducción de producciones, una fuerte rebaja de precios institucionales y una redistribución de los gastos del fondo de garantía (Feoga) en este sector para que los recursos financieros lleguen sobre todo a las explotaciones familiares, y que contribuyan a mejorar las rentas agrarias más bajas.

Los ministros de Agricultura de la Comunidad conocieron oficialmente en su última reunión la propuesta de la Comisión. Para la Administración española, la respuesta a ese documento será prudente y se producirá tras una ronda de conversaciones con todos los posibles sectores afectados.