Los obispos aseguran que la fuerza de los votos desplaza a "los criterios éticos"

La Conferencia Episcopal hizo ayer público el primer documento desde que el cardenal Ángel Suquía fue elegido, en 1987, presidente de los obispos españoles. En el texto, una instrucción sobre la situación moral de la sociedad española, se afirma que "los criterios valederos éticos" han sido desplazados "por la dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos", y también "por el consenso social, que está cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones legales".En el documento, aprobado "por casi unanimidad", se equiparan aborto y eutanasia con terrorismo y venta de armas....

La Conferencia Episcopal hizo ayer público el primer documento desde que el cardenal Ángel Suquía fue elegido, en 1987, presidente de los obispos españoles. En el texto, una instrucción sobre la situación moral de la sociedad española, se afirma que "los criterios valederos éticos" han sido desplazados "por la dialéctica de las mayorías y la fuerza de los votos", y también "por el consenso social, que está cambiando la mentalidad del pueblo a fuerza de disposiciones legales".En el documento, aprobado "por casi unanimidad", se equiparan aborto y eutanasia con terrorismo y venta de armas. Al mismo tiempo se condena el transfuguismo político, el amiguismo y el dinero negro. Los obispos lamentan la falta de líderes políticos católicos de nuestra sociedad, porque, "pese a la importante presencia de los católicos en el cuerpo social, éstos no tienen el correspondiente peso en el orden político". Sin embargo, rechazan que se identifique a la Iglesia con un partido concreto.

En el capítulo del desorden moral, los prelados critican "la legalización y práctica del abominable crirnen del aborto", en un momento en que "se alzan voces en favor de la legalización de la eutanasia". En el mismo marco atacan la violencia terrorista, el tráfico de drogas y la venta de armamento.

Los obispos denuncian más adelante "el transfuguismo, el tráfico de influencias, la sospecha y la verificación de prácticas de corrupción, el mal uso del gasto público o la discriminación por razones ideológicas", y la "desmesurada exaltación del dinero".

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