Hacienda descubre una red de falsificadores de facturas del IVA que afecta a grandes empresas
La inspección de Hacienda ha descubierto una importante bolsa de fraude fiscal basada en falsificaciones de facturas del IVA que supera los 2.000 millones de pesetas. La Guardia Civil, alertada por la Delegación de Hacienda de Barcelona, detuvo el lunes a ocho personas, entre asesores fiscales, empresarios e intermediarios, acusadas de pertenecer a una red que vendía facturas falsas a importantes empresas. Uno de los detenidos, Carlos Alberto Silván, director de una surcursal del Banco Central en Barcelona, quedó ayer en libertad al no resultar demostrada en principio su implicación.
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La inspección de Hacienda ha descubierto una importante bolsa de fraude fiscal basada en falsificaciones de facturas del IVA que supera los 2.000 millones de pesetas. La Guardia Civil, alertada por la Delegación de Hacienda de Barcelona, detuvo el lunes a ocho personas, entre asesores fiscales, empresarios e intermediarios, acusadas de pertenecer a una red que vendía facturas falsas a importantes empresas. Uno de los detenidos, Carlos Alberto Silván, director de una surcursal del Banco Central en Barcelona, quedó ayer en libertad al no resultar demostrada en principio su implicación.
La falsificación de los documentos en los que se constata el pago del impuesto podía provenir de una o varias personas que operaban por medio de empresas casiextinguidas y sin realizar actividad alguna, según afirmaron anoche fuentes de la Delegación de Hacienda de Barcelona. Estas sociedades falsificaban las facturas y las vendían a empresas de diversos sectores. Entre éstos se encuentran, de acuerdo con los primeros resultados de la investigación, importantes firmas y alguna de ellas podría ser del ramo de la construcción.El método que utilizaban los supuestos estafadores, según afirmaron fuentes próximas a la Guardia Civil, consistía en falsificar los recibos que las empresas presentan en sus declaraciones trimestrales. Las fuentes de Hacienda consultadas señalan que la falsificación es la fórmula más común utilizada en los fraudes en relación con el IVA.
El supuesto fraude se estaba cometiendo desde hacía dos años, según fuentes próximas a la investigación. El cerebro del grupo era Pere Bou Sardanes, propietario de la empresa Astromondi, de Barcelona, que se dedicaba a servicios relacionados teóricamente con la importación y exportación.
La Guardia Civil, que llevaban varios meses tras los supuestos defraudadores, sostiene que Bou utilizaba una red de más de diez empresas inexistentes para efectuar las operaciones delictivas. El grupo de detenidos no son empresarios en el sentido estricto de la palabra, sino profesionales relacionados con gabinetes, de asesorías fiscales, que mantenían vínculos con Bou. Sobre este último pesa algún procedimiento judicial derivado de presuntas irregularidades económicas, según fuentes gubernativas.
Irregularidades
Miembros del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil estaban tomando declaración anoche a los acusados, quienes posiblemente pasarán hoy a disposición de la autoridad judicial.
Durante los últimos meses, Hacienda venía siguiendo las irregularidades cometidas sobre este impuesto, que en algunos casos se difundían a través de periódicos por medio de anuncios que ofrecían facturas para completar la declaración del IVA. "Las actuaciones inspectoras están poniendo de manifiesto la existencia de un gran número de situaciones, en las que determinadas empresas están deduciendo de sus beneficios los gastos relativos a unos servicios que, aunque inexistentes, están justificados en facturas emitidas, por una sociedad inactiva o con menos actividad de la que puede suponerse en su facturación", señalaba recientemente una nota del Ministerio de Hacienda a propósito de las anomalías en el IVA seguidas por la Dirección General de Inspección.
El mismo comunicado expresaba que las comprobaciones sobre la realidad de los gastos tropiezan con la dificultad de que los pagos se han realizado en metálico o en cheque al portador, con lo cual "resulta imposible determinar el destinatario final de estos pasos en caso de que se hayan producido realmente".
Las pistas seguidas por Hacienda conducían a la falsedad documental, "en forma de facturas que no responden a una contrapartida y que en ocasiones han sido elaboradas sin conocimiento de la empresa".