A tiros con la caza

Si los juristas romanos levantaran la cabeza se quedarían estupefactos. En la antigua Lusitania su doctrina sobre la propiedad aún levanta revuelo. La guerra de la caza, con denuncias de conspiración incluidas, ha estallado en Extremadura. El Gobierno autónomo va a aprobar un proyecto de ley que garantice la igualdad de los ciudadanos a disfrutar con la escopeta, sea cual sea el nivel de su bolsillo. Los titulares de cotos privados ponen el grito en el cielo. Les espera una fuerte subida de impuestos. Todos afinan la puntería para una batalla que llega tras la polémica reforma agraria y unos m...

Si los juristas romanos levantaran la cabeza se quedarían estupefactos. En la antigua Lusitania su doctrina sobre la propiedad aún levanta revuelo. La guerra de la caza, con denuncias de conspiración incluidas, ha estallado en Extremadura. El Gobierno autónomo va a aprobar un proyecto de ley que garantice la igualdad de los ciudadanos a disfrutar con la escopeta, sea cual sea el nivel de su bolsillo. Los titulares de cotos privados ponen el grito en el cielo. Les espera una fuerte subida de impuestos. Todos afinan la puntería para una batalla que llega tras la polémica reforma agraria y unos meses antes de las autonómicas.

Francisco Castañares, guarda forestal antes que director general del Medio Ambiente del Gobierno extremeño, leyó una y otra vez al artículo 6 10 del Código Civil. "Se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de caza y pesca" ( ... ). Era la clave: "Si la caza es res nullius, cosa de nadie, eso implica que en la práctica puede y debe ser de todos".Se puso manos a la obra para elaborar el borrador de anteproyecto de ley de caza, un texto que, con ligeros cambios, será aprobado a final de mes por el Gobierno autónomo, en manos del PSOE. Según las previsiones, entrará en vigor en otoño.

Mientras, todo hace presagiar un verano caliente en Extremadura. Las conversaciones con todos los sectores implicados no han evitado la fuerte polémica. Hasta el presidente de la Junta extremeña, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha intervenido en ella.

El pasado día 8, Rodríguez Ibarra denunció que un grupo de terratenientes y empresarios había celebrado, en un hotel de Madrid, una reunión para combatir el proyecto. Añadió que en ese encuentro se acordó la aportación de 50 millones de pesetas, cantidad que iría destinada a dos publicaciones conservadoras. Los presuntos asistentes han negado estos hechos.

El revuelo es comprensible. Entre otras novedades, la futura norma prevé aumentar la fiscalidad de los cotos privados hasta un 30% o 35% del rendimiento neto. La comunidad autónoma, espera ingresar unos 2.000 millones de pesetas por este concepto frente a los 150 de ahora.

El texto también establece mecanismos que permiten a la Administración extremeña pasar a gestionar la caza de los cotos privados cuando éstos incumplan la normativa. Además, en términos generales, los propietarios no podrán negarse al uso enegetico de sus fincas.

"No vamos a ceder en los principios fundamentales", adelanta Francisco Castañares. "Queremos conservar y mejorar la caza, ampliar los terrenos a disposición de los aficionados y que parte de los beneficios económicos que genera vayan a las arcas de la autonomía", apostilla el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, Eugenio Álvarez.

Los propietarios y titulares de estas explotaciones con ánimo de lucro se echan las manos a la cabeza. "Es como, consagrar el derecho de todos a ir al fútbol, pero colándose sin pagar. Lo peor es que se van a cargar la caza, en un año se va al traste, porque no saben gestionarla", exclama María Teresa González, directora de la Asociación para la Producción de Especies Cinegéticas y Conservación de la Naturaleza de Extremadura (Aproenex).

Esta organización, que cuenta con 361 socios representantes de 1.100.000 hectáreas de cotos privados la tercera parte de la superficie cinegética de la región-, está dispuesta a dar la batalla jurídica "hasta el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo, porque la res nufflus no es res publica". "La caza es de quien la produce y existe porque hay cotos privados. Si no, estaría esquilmada", sentencia González.

A los empresarios les duele el bolsillo, pero también "que la Junta pretenda que nosotros financiemos su política de pan y circo ahora convertida en paro y caza", dice Teresa González.

No todas las críticas son tan duras. Los ecologistas de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (Adenex) consideran que "en principio no es malo que haya una ley reguladora". Su presidente, Santiago Hernández, sólo expresa una queja: "Es negativo que el proyecto prohíba cazar en los parques naturales, porque la gente se opondrá a que existan".

Sorteo ante notario

Uno de los objetivos de la Junta es llegar a gestionar 800.000 hectáreas -frente a las 150.000 actuales- y repoblarlas cinegéticamente. La opción a disparar en estas áreas controladas, casi todas de caza menor, se adjudicaría por sorteo ante notario. El 90% de los puestos se destinaría a los deportistas -60.000 de las 73.000 licencias regionales-"De todas formas, la caza mayor [medio millón de hectáreas, casi todas privadas] seguirá siendo para el que pueda pagarla", se lamenta el portavoz federativo. El presidente de la Sociedad de Cazadores de Cáceres, Miguel Ángel Rubio, coincide en que matar venados "continuará siendo cosa de ricos".

Queda un pequeño consuelo: en las zonas gestionadas por la Junta, el pago del trofeo se hará en función del nivel económico. La escopeta en una mano y la declaración de la renta en la otra.