Nueve años de proceso

El llamado caso de los altos cargos fue desglosado del sumarlo principal de la colza para que las investigaciones sobre las supuestas responsabilidades de la Administración no retrasaran el juicio contra los aceiteros implicados en la intoxicación masiva.El proceso, sobre el que han tenido competencia cuatro jueces, fue archivado por el magistrado Ismael Moreno, quien consideró que los hechos no eran constitutivos de delito. Los recursos de los abogados Francisca Sauquillo, Doris Benegas, Ignacio Uriarte y Antonio García Pablos obligaron a la reapertura del sumario, que finalmente fue r...

El llamado caso de los altos cargos fue desglosado del sumarlo principal de la colza para que las investigaciones sobre las supuestas responsabilidades de la Administración no retrasaran el juicio contra los aceiteros implicados en la intoxicación masiva.El proceso, sobre el que han tenido competencia cuatro jueces, fue archivado por el magistrado Ismael Moreno, quien consideró que los hechos no eran constitutivos de delito. Los recursos de los abogados Francisca Sauquillo, Doris Benegas, Ignacio Uriarte y Antonio García Pablos obligaron a la reapertura del sumario, que finalmente fue reconvertido en procedimiento abreviado.

Ahora, nueve años después del envenenamiento, el juez Carlos Bueren ha ordenado la apertura de juicio oral, pese a la oposición del fiscal, que solicitó el sobreseimiento de la causa por considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones de imprudencia temeraria.

Exculpados

Aparte de los funcionarios contra los que se dirige la acusación, el magistrado no ha considerado delictiva la intervención de otros altos cargos. Se trata de Luis Valenciano, ex director general de Salud Pública; Luis Sánchez Harguindey, ex secretario de Estado de Sanidad; Antonio Rúa, ex director general de Aduanas; Guillermo Tena, ex director del Instituto de Toxicología; Agustín Hidalgo de la Quintana, ex secretario de Estado de Comercio; José Luis García Ferrero, ex subsecretario de Economía; José Manuel Rodríguez Molina, exdirector general de industrias agrarias; José Ramón Bustelo, ex director de Política Arancelaria, ya fallecido; Luis Cañada, alto cargo de Sanidad, y dos concejales de Madrid. Todos ellos habían sido implicados en el proceso por los abogados representantes de las acusaciones particulares.