La corresponsabilidad fiscal

El actual modelo de financiación autonómica está en vigor desde 1987 y caducará a finales de 199 1. En otoño se iniciará la negociación del nuevo sistema, para el quinquenio 1992-1996. Tanto los principales responsables de las comunidades autónomas como el Gobierno central están de acuerdo en que el futuro sistema ha de aumentar la corresponsabilidad fiscal. Pero no todos se refieren a lo mismo cuando hablan de corresponsabilidad.Para las autonomías, corresponsabilidad fiscal significa participar en la gestión del IRPF. Para el Gobierno, que las comunidades han de pagar una parte del...

El actual modelo de financiación autonómica está en vigor desde 1987 y caducará a finales de 199 1. En otoño se iniciará la negociación del nuevo sistema, para el quinquenio 1992-1996. Tanto los principales responsables de las comunidades autónomas como el Gobierno central están de acuerdo en que el futuro sistema ha de aumentar la corresponsabilidad fiscal. Pero no todos se refieren a lo mismo cuando hablan de corresponsabilidad.Para las autonomías, corresponsabilidad fiscal significa participar en la gestión del IRPF. Para el Gobierno, que las comunidades han de pagar una parte del peaje político que asume todo aquel que recauda: han de ser corresponsables de la imposición.

El documento de los socialistas catalanes deja la puerta abierta a ambas opciones: a una mayor participación de las comunidades en la gestión del IRPF, y a una mayor corresponsabilidad impositiva. El sistema de recargo o complemento permite que sea utilizado o no, según la decisión que adopte cada comunidad. Pero aquella autonomía que decida no aumentar el IRPF estará renunciando a una fuente de financiación, y por ende a una posibilidad de obtener más recursos.

Uno de los problemas del actual sistema es que carga sobre Hacienda toda la recaudación, pero no toda la gestión. Al mismo tiempo, limita enormemente la capacidad de decisión de los gobiernos autónomos sobre el desglose de sus presupuestos.

En la actualidad, más del 60% de las partidas de los presupuestos brutos se destinan a actuaciones previamente determinadas, principalmente al pago de los salarios de los profesionales de la enseñanza y de la sanidad.