Juan Guerra cobró de la aseguradora CISSA, mientras Economía investigaba irregularidades en la emprsea

Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, cobró dinero de la Compañía Internacional de Seguros, SA (CISSA), en 1985, mientras la dirección general correspondiente del Ministerio de Economía y Hacienda llevaba a cabo una inspección que reveló graves irregularidades en dicha empresa. Juan Guerra visitó la Dirección General de Seguros durante la misma época. La inspección de CISSA fue particularmente lenta, y la Administración tardó más de un año en adoptar las medidas que, según la Ley de¡ Seguro, correspondían a la situación de la compañía.

Juan Guerr...

Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, cobró dinero de la Compañía Internacional de Seguros, SA (CISSA), en 1985, mientras la dirección general correspondiente del Ministerio de Economía y Hacienda llevaba a cabo una inspección que reveló graves irregularidades en dicha empresa. Juan Guerra visitó la Dirección General de Seguros durante la misma época. La inspección de CISSA fue particularmente lenta, y la Administración tardó más de un año en adoptar las medidas que, según la Ley de¡ Seguro, correspondían a la situación de la compañía.

Juan Guerra cobró de CISSA unas 300.000 pesetas mensuales durante 1985. Estos pagos se justificaban con el concepto genérico de "por los servicios prestados". Antiguos colaboradores de Julio Muñoz Ramonet, el financiero catalán que controlaba CISSA, afirman que el hermano del vicepresidente del Gobierno percibió, además, otra sumas complementarias por un total de ocho millones de pesetas.La Dirección General de Seguros inició en 1985 un proceso de inspección de CISSA, que se desarrolló con gran lentitud. La primera de estas inspecciones, ordenada el 23 de abril por el entonces director general, José María García Alonso, y realizada dos días más tarde, puso ya de manifiesto que la compañía estaba en quiebra y que las irregularidades en su administración eran numerosas. Los inspectores constataban, por ello, que CISSA incurría en causa de disolución y que procedía aplicar las medidas cautelares previstas por la ley, que pueden ir desde la suspensión de la contratación de seguros hasta el bloqueo del patrimonio de la empresa.

La dirección general no adoptó ninguna medida inmediata. Tres meses más tarde, el 9 de julio, la director ordenó una segunda inspección de CISSA, que no se llevó a cabo hasta el 11 de diciembre de 1985. Los inspectores constaron que la compañía se guían estando incursa en causa de disolución legal y volvieron a estimar de aplicación las medidas cautelares previstas, sobre la base de datos todavía más alarmantes que los aportados por la inspección primera. Sin embargo, hasta el 8 de abril de 1986, el director general no dispuso que se adoptaran las medidas cautelares. Para entonces, CISSA había sido ya intervenida y se en contraba en manos de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), organismo autónomo dependiente de la Dirección General de seguros. Semanas antes de esta entrega, el importante patrimonio inmobiliario de la Internacional de seguros fue gravado con hipotecas a favor de varias sociedades de Julio Muñoz Ramonet. Tras la intervención, un juzgado barcelonés abrió diligencias por presuntos delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y apropiación indebida contra Muñoz Ramonet y otros 12 directivos de la compañía. Esta querella está actualmente paralizada en la Audiencia Nacional, cuya Sala de los Contencioso dictó el pasado mes de marzo una sentencia que anula la intervención de CISSA por el Ministerio de Economía (ver EL PAÍS del pasado 18 de mayo).

Luis Tejero Lamarca, que fue uno de los inspectores de CISSA, ha manifestado a EL PAÍS que, al margen de las obligaciones que le impone el secreto profesional, no puede recordar los detalles de aquel proceso ni el motivo por el que la inspección ordenada en julio se retrasó hasta diciembre. Este diario trató ayer de ponerse en contacto con el actual director general de Seguros, Guillermo Kessler, para comentar el mismo tema, pero no obtuvo respuesta.

Una visita

Un alto directivo de la CLEA recordó, hace semanas, que, por las fechas en que se produjeron los hechos reseñados, hubo de esperar a ser recibido por el entonces director general de Seguros, García Alonso, debido a que en el despacho del director se encontraba Juan Guerra. El propio García Alonso fue requerido ayer por este diario para que diera su versión de lo sucedido. Tampoco hubo respuesta.

Igualmente infructuosos han resultado los intentos realizados para establecer contacto con Juan Guerra González, a través de su abogado en Sevilla, Antonio Mates, que desde la semana pasada está avisado de que EL PAIS desea comentar las relaciones de su cliente con CISSA.

Juan Guerra fue presentado a la Compañía Internacional de Seguros por Luis Rangel Camdenat, ya fallecido, que fue delegado de CISSA en Sevilla y consejero de la compañía. Posteriormente, las relaciones de Juan Guerra con esta empresa fueron canalizadas por Javier Juárez Fernández, que asistió a la inspección de diciembre de 1985 como "mandatario verbal del consejo de administración de la sociedad y director en funciones de la misma".

[La comisión municipal de Sevilla que investiga la cesión de terrenos de Mercasevilla a la empresa Construcción Modular Andaluza, firma que se vincula a actividades de Juan Guerra, suspendió ayer sus sesiones por estar la investigación sobre el hermano del vicepresidente del Gobierno pendiente de resolución judicial, informa Efe. El alcalde de Sevilla y presidente de la comisión, el socialista Manuel del Valle, dijo ayer que la decisión había sido adoptada con la oposición del Grupo Andalucista].