Policías como detectives

Leo con asombro en EL PAÍS del 21 de febrero que la policía va a iniciar, a instancias del delegado del Gobierno en Andalucía, una investigación sobre la autoría de unos carteles aparecidos en Sevilla y en Málaga relativos a la presidencia de Rodríguez de la Borbolla. Investigación que ha sido encargada, no faltaba más, al jefe superior de policía de Sevilla.La función de la policía es perseguir los delitos recogidos en el Código Penal, donde no se recoge, que se sepa, la tipificación de "colocación anónima de carteles". Probablemente habrá alguna normativa que indique la obligatoriedad de que...

Leo con asombro en EL PAÍS del 21 de febrero que la policía va a iniciar, a instancias del delegado del Gobierno en Andalucía, una investigación sobre la autoría de unos carteles aparecidos en Sevilla y en Málaga relativos a la presidencia de Rodríguez de la Borbolla. Investigación que ha sido encargada, no faltaba más, al jefe superior de policía de Sevilla.La función de la policía es perseguir los delitos recogidos en el Código Penal, donde no se recoge, que se sepa, la tipificación de "colocación anónima de carteles". Probablemente habrá alguna normativa que indique la obligatoriedad de que los carteles tengan pie de imprenta, cosa que éstos parecen no tener, pero no es el cometido de las fuerzas policiales dedicarse a la vigilancia del cumplimiento de este tipo de normativas.Si el PSOE tiene interés, comprensiblemente, en averiguar quién está detrás de los carteles, que contrate los servicios de un detective privado, como debería hacer cualquier ciudadano o asociación en un caso semejante. (¿Alguien se cree que la policía estaría investigando el tema si exactamente el mismo episodio hubiera ocurrido en otro partido político?) Pero que no utilicen los recursos públicos, detrayéndolos de funciones mucho más importantes, para resolver sus asuntos internos. En otras palabras, es indignante que le estemos pagando entre todos al partido en el Gobierno el coste de sus detectives irivados.

Esta no es sino una muestra más de la tendencia a la patrimonialización del aparato del Estado por parte del PSOE, de la que vienen haciendo gala muchos de sus dirigentes / gobernantes