Las diputaciones vascas no entregarán la lista de pagarés forales

Las diputaciones vascas consideran que la seguridad de los suscriptores de pagarés forales está garantizada por la norma foral de activos financieros que recoge lo que es la ley de activos financieros del Estado, y subrayaron que no están dispuestas a facilitar las listas de los suscriptores, aunque las solicite la Administración central. Fuentes próximas al Ministerio de Economía han manifestado la intención de solicitar estas listas a las tres diputaciones. "No tenemos intención alguna de facilitarlas", declaró ayer el diputado alavés Alberto Ansola, "porque respetamos nuestra propia leg...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Las diputaciones vascas consideran que la seguridad de los suscriptores de pagarés forales está garantizada por la norma foral de activos financieros que recoge lo que es la ley de activos financieros del Estado, y subrayaron que no están dispuestas a facilitar las listas de los suscriptores, aunque las solicite la Administración central. Fuentes próximas al Ministerio de Economía han manifestado la intención de solicitar estas listas a las tres diputaciones. "No tenemos intención alguna de facilitarlas", declaró ayer el diputado alavés Alberto Ansola, "porque respetamos nuestra propia legislación. Al parecer, el Estado no quiere respetar su propia legislación y parece que también debería pedir la lista a los suscriptores de sus pagarés del Tesoro, incumpliendo de esta forma sus propias leyes, según esta argumentación".De cualquier manera, dicen, el ministerio sólo podría exigir las listas de los suscriptores residentes fuera de la comunidad autónoma, ya que la competencia de inspección fiscal está plenamente transferida al Gobierno vasco.

Los tres diputados aludieron ayer claramente a una batalla política cuyo objetivo sería por parte de Madrid "provocar la desbandada de los suscriptores", en beneficio de sus pagarés del Tesoro, y ahogar la capacidad financiera de las diputaciones atacando directamente a la autonomía pactada en el Concierto Económico de 1981. En este sentido, calificaron de "política más que jurídica" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, que da como buenos los recursos a varias emisiones de pagarés forales de los años 1986 y 1987, y sostiene que las Haciendas provinciales no tienen potestad legal para su emisión. De esta manera, la sentencia supone un pronunciamiento a favor del monopolio del Estado para la emisión de pagarés, y un importante obstáculo que cuestiona la credibilidad de las diputaciones cara a futuras emisiones de este tipo de activos financieros.

Los titulares de las carteras de Hacienda, aunque sin citar nombres, aludieron a la vinculación política a Euskadiko Ezkerra de uno de los magistrados que firmó la sentencia.

Las diputaciones vizcaína y alavesa, ambas en coalición PNV-PSOE, han apostado claramente por una vía de financiación como los pagarés, con suscripciones superiores en cada uno de los casos a los 400.000 millones de pesetas, mientras que la guipuzcoana, coalición EA-EE, ha mantenido una posición más discreta con una emisión de 100.000 millones.

Sobre la firma

Archivado En