Alfonso Guerra recibió en 1987 un informe con las actividades de su hermano Juan

Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ejerció actividades de control político, de seguridad y de información interna del PSOE, para lo cual usó dependencias del Estado a lo largo de seis años, sin ningún cargo que lo justificara, mientras constituía un importante patrimonio personal. Juan Guerra ocupó un despacho en Sevilla que diferentes delegados del Gobierno en Andalucía consideraban reservado al vicepresidente del Gobierno, puesto que el único título para desempeñar esas actividades políticas fue la estrecha relación mantenida con el vicepresidente.Los dos p...

Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ejerció actividades de control político, de seguridad y de información interna del PSOE, para lo cual usó dependencias del Estado a lo largo de seis años, sin ningún cargo que lo justificara, mientras constituía un importante patrimonio personal. Juan Guerra ocupó un despacho en Sevilla que diferentes delegados del Gobierno en Andalucía consideraban reservado al vicepresidente del Gobierno, puesto que el único título para desempeñar esas actividades políticas fue la estrecha relación mantenida con el vicepresidente.Los dos primeros delegados del Gobierno en Andalucía, Leocadio Marín y Tomás Azorín, toleraron esa situación sin nombramiento oficial ni contrato alguno y sin estar sometido al control de los delegados del Gobierno. Azorín informó a Alfonso Guerra de esa irregular situación y de otras actividades de su hermano pocas semanas antes le presentar su renuncia, que se produjo en abril de 1987.

Juan Guerra abandonó la Delegación del Gobierno en junio de 1989 y desde entonces intensificó las actividades empresanales y economicas emprendidas con anterioridad. Una de sus sociedades, denominada Fracosur, fue constituida sólo 24 días antes de conseguir la compra de una finca propiedad de la empresa pública Ensidesa.

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, afirmó anoche, en el programa Punto y aparte, de TVE, sobre esta polémica que "la ley debe ser aplicada por igual, en caso de ilegalidad o irregularidad, a todo ciudadano; cuando un ciudadano se ampara en relaciones de amistad o en lazos de familiaridad: no debe haber distingos".

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