La Federación de Vecinos y Gas Madrid zanjarán hoy el conflicto que les enfrentaba desde 1987

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) y Gas Madrid firmarán hoy un acuerdo que zanja la denominada guerra del gas que ambas entidades mantenían desde 1987. Según este acuerdo, que todos valoran como "uno de los mejores de los que se podían alcanzar", aquellas personas con ingresos inferiores a las 500.000 pesetas no tendrán que pagar ni una peseta por la reparación de las fugas de fluido que aparezcan en sus instalaciones durante las inspecciones que realiza la suministradora.

El acuerdo es bastante similar al que firmaron a finales del año pasado Gas Madrid y varias ...

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) y Gas Madrid firmarán hoy un acuerdo que zanja la denominada guerra del gas que ambas entidades mantenían desde 1987. Según este acuerdo, que todos valoran como "uno de los mejores de los que se podían alcanzar", aquellas personas con ingresos inferiores a las 500.000 pesetas no tendrán que pagar ni una peseta por la reparación de las fugas de fluido que aparezcan en sus instalaciones durante las inspecciones que realiza la suministradora.

El acuerdo es bastante similar al que firmaron a finales del año pasado Gas Madrid y varias asociaciones de consumidores y usuarios y del que se autoexcluyó la FRAV por considerar que no recogía sus. planteamientos. Este convenio se cirscunscribía únicamente al ámbito del Ayuntamiento de Madrid y recogía que la corporación municipal aportaría 25 millones de pesetas mientras que la suministradora daba otros 100 millones para sufragar la reparación de las instalaciones.El documento que firmarán mañana Prisciliano Castro, presidente de la FRAV, y José María Sáez, director general de Gas Madrid, amplía el ámbito de actuación a todo el territorio regional y establece un plan de ayuda financiera para los costes de reparación de acuerdo a un baremo, según las rentas de los usuarios. El convenio prevé una aportación económica de la Comunidad aún por determinar, pero que algunas fuentes cifran en 50 millones de pesetas, a la que hay que sumar las cantidades aportadas por Gas Madrid y Ayuntamiento.

Reparaciones gratuitas

Lo más importante del acuerdo, a juicio de Prisciliano Castro, es que las familias cuyos ingresos por persona sean inferiores a 500.000 pesetas no tendrán que pagar nada por la reparación de sus instalaciones. "Esto supone que este acuerdo es mejor que el firmado por las asociaciones de consumidores porque rebaja mucho la cantidad de dinero que tiene que cobrar una familia para que la reparación le salga gratis", añade.

Gas Madrid considera que el "espíritu" del acuerdo, que se ha elaborado con la mediación del Gobierno regional, es el mismo que el firmado por los consumidores. "Pensamos que la FRAV, al no adherise a aquel acuerdo, lo que buscaba era protagonismo", afirmó una portavoz de la suministradora.

A partir de la firma del acuerdo se evitarán los cortes indiscriminados de suministro, mediante una graduación de la gravedad y naturaleza de las averías. Además, se conmina a la compañía a renovar el suministro 24 horas después de subsanada la deficiencia. También se creará una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento del convenio.

A pesar de todo, el abogado de la FRAV, José Antonio Jiménez, se muestra muy cauto a la hora de hablar del acuerdo. Su postura se resume en un "hasta que no lo vea no lo creo". El motivo de esta actitud es que ya estuvieron a punto de llegar a un acuerdo las negociaciones se frustaron cuando se había anunciado la firma del acuerdo. Estos recelos son compartidos por un alto cargo del Gobierno regional.

Este acuerdo supone el fin de un conflicto que se inició en 1987, cuando Gas Madrid empezó a sustituir el gas ciudad por gas natural, al tiempo que iniciaba una campaña de inspecciones de las instalaciones.

Durante este último proceso aparecieron numerosas fugas en las instalaciones, por lo que se cortaba el gas a los usuarios hasta que pagaran de su bolsillo las reparaciones. La FRAV entendió que esto era un intento de la compañía de hacer pagar a los usuarios con los costes del cambio de gas, por lo que inició una campaña para pedir a los vecinos que no abrieran sus puertas a los inspectores de Gas Madrid. Esta postura recibió el respaldo del Defensor del Pueblo, que realizó un duro informe por la manera en que se realizaron las inspecciones.

Desde 1987 hasta finales del año pasado se produjeron más de 36.000 cortes de suministro.