Asesinados un diputado y una magistrada en Colombia por los narcotraficantes

Un congresista y una magistrada son las dos últimas víctimas del terrorismo en Colombia. El congresista, Luis Francisco Madero, fue asesinado en Bogotá el miércoles. Un hombre que iba solo y a pie le disparó cuando regresaba a su casa tras asistir a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. La magistrada, Mariela Espinosa, murió frente a su residencia tras ser acribillada por 10 sicarios que se encontraban en dos coches. El hecho ocurrió en Medellín el mismo miércoles y a la misma hora.

Aunque nadie se adjudicó la autoría de los crímenes, las autoridades no dudan en señalar com...

Un congresista y una magistrada son las dos últimas víctimas del terrorismo en Colombia. El congresista, Luis Francisco Madero, fue asesinado en Bogotá el miércoles. Un hombre que iba solo y a pie le disparó cuando regresaba a su casa tras asistir a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. La magistrada, Mariela Espinosa, murió frente a su residencia tras ser acribillada por 10 sicarios que se encontraban en dos coches. El hecho ocurrió en Medellín el mismo miércoles y a la misma hora.

Aunque nadie se adjudicó la autoría de los crímenes, las autoridades no dudan en señalar como culpable al narcoterrorismo. Luis Francisco Madero era un líder político de la zona de Pacho. En esta población tenía establecido su comando central Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, uno de los grandes jefes de la droga en Colombia.En varias ocasiones Madero se enfrentó al narcotraficante, y en una ocasión organizó un paro cívico para protestar contra el negocio de la droga. El congresista asesinado pertenecía a la comisión segunda de la Cámara, que es la encargada de estudiar los asuntos militares e internacionales. En 1980 fue el ponente del proyecto de extradición. Madero pertenecía al grupo socialconservador y tenía 60 años.

Contra la rama judicial

La magistrada es la segunda víctima de la rama judicial en el último mes en Medellín. El 17 de octubre pasado fue asesinado Héctor Jiménez, magistrado del Tribunal Superior en esa ciudad, que pertenecía, al igual que Mariela Espinosa, a la sala de lo penal. La magistrada, de 40 años, había sido víctima en dos ocasiones anteriores de atentados. Con ella son cuatro los miembros de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Medellín asesinados en los últimos meses.

Pero éstas no son las únicas noticias dolorosas en Colombia. En Medellín las autoridades están desconcertadas. Desde el fin de la semana pasada han sido encontrados 11 cadáveres de bellas y jóvenes mujeres. Por su figura y su ropa se cree que trabajaban como modelos. Ya han pasado seis días desde que en un descampado aparecieron los cinco primeros cadáveres. Nadie sabe nada, nadie dice nada, nadie se atreve a aventurar una explicación.

Lo único cierto es que esta historia ha llenado de horror a la segunda ciudad más importante de Colombia. Se ha hablado incluso de la existencia de lo que podría ser la versión moderna de Jack el Destripador. Todas las víctimas tenían entre 15 y 24 años. Y también todas fueron asesinadas con una pistola del calibre 7.75.

A nivel político, el debate está candente en Colombia. Ayer se firmó el acuerdo político entre el Gobierno, los partidos y el M-19, con el que se da inicio al desmantelamiento de este grupo guerrillero. Pero los políticos tradicionales no están del todo contentos. Entre las concesiones que ha hecho el Gobierno está la de la circunscripción electoral para la paz, que garantiza que el M-19 con sólo 150.000 votos podrá tener ocho escaños en el Senado y ocho en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones.

Disciplina de partido

"Es un regalo muy grande el que le estamos dando a los enemigos del sistema", dijo el senador conservador Hugo Escobar Sierra. "No estoy de acuerdo, pero lo acepto como disciplina del partido", afirmó el liberal Federico Estrada. Entre tanto, el ministro de Gobierno salió en defensa de esta determinación con el siguiente argumento: "Es mejor tener a 20 guerrilleros en el Congreso que tener 2.000 o 3.000 hombres disparando en la montaña".

El pacto político, que incluye varias reformas de tipo electoral, tiene que ser aún aprobado por el Congreso colombiano. El 21 de enero del año próximo, en un referéndum, el pueblo colombiano dirá si está de acuerdo o no con él. Si el Congreso cumple y aprueba las reformas y el indulto en el transcurso de este mes, el 16 de diciembre próximo, el M-19, tras 15 años de lucha, entregará las armas.