La fiscalía solicita hasta seis años de prisión para los 99 empresarios del fraude a la Seguridad Social
La fiscalía de Barcelona ha solicitado penas que oscilan entre los seis años de prisión y dos meses de arresto para los 99 empresarios procesados por el fraude a la Seguridad Social, descubierto en Barcelona en 1982 y cuyo montante asciende a más de 3.600 millones de pesetas. Las acusaciones que pesan sobre ellos son las de cohecho, estafa y falsedad en documento oficial, las mismas que recaen sobre altos ex cargos de la Inspección del Trabajo. Para Graciniano Gómez Catón, ex subdelegado de Trabajo, la fiscalía pide 13 años de prisión y 18 para Ramón Ballesteros, ex jefe en la época del fraude...
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La fiscalía de Barcelona ha solicitado penas que oscilan entre los seis años de prisión y dos meses de arresto para los 99 empresarios procesados por el fraude a la Seguridad Social, descubierto en Barcelona en 1982 y cuyo montante asciende a más de 3.600 millones de pesetas. Las acusaciones que pesan sobre ellos son las de cohecho, estafa y falsedad en documento oficial, las mismas que recaen sobre altos ex cargos de la Inspección del Trabajo. Para Graciniano Gómez Catón, ex subdelegado de Trabajo, la fiscalía pide 13 años de prisión y 18 para Ramón Ballesteros, ex jefe en la época del fraude de la Oficina Delegada de la Inspección del Trabajo (ODIT).
El grupo más numeroso de acusados lo componen los empresarios, jefes de personal y gerentes de más de 150 firmas, que incurrieron, según la acusación del fiscal, en prácticas para defraudar a la tesorería de la Seguridad Social. Este bloque lo componen 99 personas y la mayor o menor gravedad de la pena solicitada por la fiscalía depende, en gran parte, del montante de lo defraudado. Las peticiones máximas, de seis años de prisión, recaen sobre los empresarios acusados de dejar de ingresar cantidades superiores a los 300 millones de pesetas. Las menores, de dos meses de arresto, corresponden a las defraudaciones de cuantías de dos millones de pesetas.Entre el grupo de los empresarios se encuentran los hermanos Josep María y Agustí Montal, este último ex presidente del FC Barcelona y ex gerente de la empresa Industrial Montalfita. Javier Juncadella Salisachs, directivo de la empresa textil J. Coma Cros, es otro de los empresarios que será juzgado por el fraude, así como Enrique Fernández Cardellach, ex directivo de la empresa Enrique Cardellach y hermanos. En el capítulo de empresarios, el fiscal ha incluido como acusados a cuatro personas que no fueron procesadas en la instrucción del sumario, cómo es el caso de Olegario Soldevila Godó, entonces presidente del grupo de empresas textiles Manufacturas e Industrias Textiles Algodoneras, SA (Mitasa).
El fraude consistía en un acuerdo entre los funcionarios de Trabajo y las empresas para conseguir un beneficio mutuo a través de las liquidaciones a la Seguridad Social en las que se rebajaba las cantidades realmente adeudadas. Para ello, cuando una empresa adeudaba las cotizaciones de varios años, los funcionarios implicados de la ODIT confeccionaban un requerimiento en él que figuraban unos salarios que se habían reducido a una tercera o cuarta parte del valor real. En consecuencia, la deuda de la empresa ala Seguridad Social descendía considerablemente. Los funcionarios de la ODIT recibían, según la acusación, un tanto por ciento de la cantidad que se ahorraban las empresas.
Las penas más altas solicitadas por el ministerio fiscal recaen sobre los funcionarios de la inspección de Trabajo, como es el caso de Gómez Catón, Ballesteros y Francisco Gilabert Álvarez. Para Gilabert, que desempeñaba la función de secretario de Ballesteros en la ODIT, el fiscal pide 15 años de prisión. Gilabert, al igual que sus jefes, Gómez Catón y Ballesteros, huyó del país al descubrirse el fraude, pero fue detenido en octubre de 1983. El fiscal jefe de la Audiencia, Carlos Jiménez Villarejo, y el fiscal encargado del sumario, Martín Rodríguez Sol, precisaron ayer que no han solicitado el ingreso en prisión de ningún acusado.
El tercer bloque de acusados lo conforman los intermediarios entre los funcionarios de Trabajo y las empresas que falseaban las deudas que mantenían con la Seguridad Social. Por su cometido de intermediario en el fraude están acusadas 12 personas. El fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de falsedad para Vicente Cardellach Marza, entonces presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, y asesor de más de 500 empresas.
El escrito de petición de penas ha sido realizado por el fiscal Martín Rodríguez Sol, que ha dedicado la mayor parte de su actividad en los últimos años al estudio del complejo sumario, formado por 120 tomos que suman 160.000 folios.