La oposición venezolana objeta la venta de tres hoteles a un consorcio español

La decisión del Gobierno venezolano de vender tres hoteles a la firma Traemel, formada por el consorcio español Sol Mellá y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ha despertado las más enconadas protestas por parte de los partidos políticos de la oposición.La venta de los hoteles del Estado venezolano Meliá Caribe Meliá Puerto la Cruz y Barquisimeto Hilton, fijada inicialmente en 1.270 millones de bolívares (3.810 millones de pesetas), ha sido condicionada a su pago al contado y a una nueva cotización que debe realizarse antes del 31 de diciembre próximo para que Traemel concrete...

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La decisión del Gobierno venezolano de vender tres hoteles a la firma Traemel, formada por el consorcio español Sol Mellá y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ha despertado las más enconadas protestas por parte de los partidos políticos de la oposición.La venta de los hoteles del Estado venezolano Meliá Caribe Meliá Puerto la Cruz y Barquisimeto Hilton, fijada inicialmente en 1.270 millones de bolívares (3.810 millones de pesetas), ha sido condicionada a su pago al contado y a una nueva cotización que debe realizarse antes del 31 de diciembre próximo para que Traemel concrete la operación. A pesar de que el Gobierno hizo pública la negociación y las nuevas condiciones de pago, la oposición comenzó a objetar el proceso de privatización.

La dirección nacional del principal partido de oposición, el democristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), analizó la negociación y en un documento cuestionó el carácter descriminatorio y de privilegios que encierra la venta de los hoteles.Por ejemplo, cuestiona la presencia de dirigentes sindicales venezolanos en la empresa Traemel: "Cuatro jerarcas del sindicalismo del partido gobernante son directivos de esa firma, lo que demuestra sectarismo".

El Movimiento al Socialismo (MAS), tercera fuerza política, ha advertido que se está a punto de lesionar el patrimonio público, provocando posiblemente un nuevo escándalo de corrupción. Esta organización política ha propuesto ante el Congreso nacional declarar nulo todo el proceso de venta.

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