Felipe González se compromete con la CES a impulsar el desarrollo jurídico de la Carta Social

Felipe González se comprometió ayer con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a impulsar el desarrollo jurídico de la Carta Social comunitaria en la próxima cumbre de Madrid de jefes de Estado y de Gobierno. Nicolás Redondo entiende que "se ha superado la mera declaración solemne y se han asumido los criterios defendidos por la CES", y Mathias Hinterscheid, secretario general de la confederación sindical, confía que en la reunión de Madrid haya "avances y por primera vez se adopte un compromiso político sobre la obligatoriedad de adoptar un paquete de medidas sociales".

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Felipe González se comprometió ayer con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a impulsar el desarrollo jurídico de la Carta Social comunitaria en la próxima cumbre de Madrid de jefes de Estado y de Gobierno. Nicolás Redondo entiende que "se ha superado la mera declaración solemne y se han asumido los criterios defendidos por la CES", y Mathias Hinterscheid, secretario general de la confederación sindical, confía que en la reunión de Madrid haya "avances y por primera vez se adopte un compromiso político sobre la obligatoriedad de adoptar un paquete de medidas sociales".

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Los dirigentes de la Confederación Europea de Sindicatos pidieron ayer al presidente del Gobierno español que la cumbre de Madrid sirva para avanzar en el necesario equilibrio entre los aspectos económicos y sociales de la construcción del mercado único, poniendo más acento en los últimos.Al término de la reunión de La Moncloa, los sindicalistas informaron que Felipe González se ha comprometido con ellos a dar una dimensión jurídica a la carta social comunitaria, recogiendo las conclusiones de la reciente reunión de los ministros de Trabajo comunitarios de Luxemburgo. En ella se decidió ir más allá de recoger la carta en una mera declaración solemne y proponen que los derechos sociales fundamentales se concreten y tengan un desarrollo normativo obligatorio para todos los países de la CE. Esa decisión se adoptó con el único voto en contra del Reino Unido y la abstención de Dinamarca, que no opone discrepancias de fondo.

Normas vinculantes

Ante la cumbre de Madrid, la CES espera y cree posible que haya un acuerdo político, incluso con la oposición de Margaret Thatcher, para que la Comisión Europea desarrolle en directivas vinculantes los derechos sociales que se aprobarían definitivamente bajo la presidencia francesa.

David Lea, ejecutivo de la CES y dirigente de los sindicatos británicos, Trade Unions, confía, no obstante, en que la derrota electoral que ha sufrido Margaret Thatcher en los recientes comicios europeos influya para que el Gobierno británico decida no quedarse aislado. Lea concede importancia a la división que existe dentro del Ejecutivo de su país ya que no todos sus miembros respaldan las constantes votaciones de 11 contra uno. El dirigente sindical asegura que "el dilema del Gobierno británico, tras las elecciones europeas, se ha agudizado".

El secretario general de la CES, Mathias Hinterscheid, añade que Felipe González seguirá, buscando el consenso e intentará que la decisión se apruebe por unanimidad.

A Nicolás Redondo, que asistió también al encuentro de La Moncloa como vicepresidente de la CES, le parece importante que se haya superado la declaración solemne, pese a que haya un Gobierno que no está de acuerdo. Tras obtener el compromiso de Felipe González, él saca como conclusión que el presidente del Gobierno español no ha tenido en cuenta la petición hecha por los dirigentes de la Unión de las Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) el miércoles, consistente en que la carta social no sea vinculante y se limite a una recomendación a los países miembros. La misma impresión sacó de la entrevista el dirigente de UGT José María Zufiaur, mientras que la presidencia del Gobierno no informó del resultado de los encuentros con las centrales y los empresarios.

Los sindicalistas europeos pidieron también a Felipe González que se desarrolle el estatuto de las sociedades anónimas y que en él se reconozcan los derechos y la participación de los trabajadores, así como el ser consultados sobre las políticas de cohesión económica, tanto a nivel regional como comunitario. El presidente del Gobierno español hablará de esas cuestiones con el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, para que emprenda un diálogo con los interlocutores sociales sobre los fondos estructurales.

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