Las mutualidades de previsión trasladan a los jueces sus quejas por el tratamiento fiscal

Las mutualidades de previsión social, que agrupan a unos cuatro millones de personas y que cuentan con unos recursos propios superiores a los 700.000 millones de pesetas, han puesto en marcha, a través de su confederación nacional, una estrategia legal tendente a que los jueces se pronuncien sobre lo que estas instituciones consideran como un "tratamiento fiscal manifiestamente desfavorable, con relación al que reciben otras instituciones con fines y objetivos similares".El primer paso legal dado por la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, ha sido la presentación ante la Au...

Las mutualidades de previsión social, que agrupan a unos cuatro millones de personas y que cuentan con unos recursos propios superiores a los 700.000 millones de pesetas, han puesto en marcha, a través de su confederación nacional, una estrategia legal tendente a que los jueces se pronuncien sobre lo que estas instituciones consideran como un "tratamiento fiscal manifiestamente desfavorable, con relación al que reciben otras instituciones con fines y objetivos similares".El primer paso legal dado por la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, ha sido la presentación ante la Audiencia Nacional de un recurso contra la Orden Ministerial de 10 de abril de 1989, que aprueba un nuevo modelo de declaración anual que deberán presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones y las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones.

El recurso, que acaba de ser admitido a trámite por la sección de lo Contencioso-Administrativo de la citada instancia judicial, estima que no se ajustan a derecho los efectos que puede producir el cumplimiento de la citada orden, que se considera lesiva para los intereses de los mutualistas, ya que se les imputan fiscalmente las aportaciones que efectúen las empresas en favor de ciertas mutualidades.

Los responsables de la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social, con su presidente, Juan Caldés, a la cabeza, han criticado duramente este mecanismo de tributación por imputación, "que no tiene antecedentes en derecho comparado y que es claramente inconstitucional". Es dificil de entender, afirman, cómo en el desarrollo reglamentario de la ley de Planes y Fondos de Pensiones "no se hayan tenido en cuenta los sistemas de capitalización colectiva creados por la ley de Ordenación del Seguro Privado".

Junto a este recurso, los representantes de estas mutualidades tienen previsto presentar otro de amparo ante el Tribunal Constitucional basado en el trato discriminatorio que, a su modo de ver, el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones plantea respecto de las aportaciones que realicen las personas que deseen optar por las mutualidades de previsión, en lugar de hacerlo por los planes y los fondos de pensiones.

Las mutualidades de previsión soc!al son entidades privadas, sin animo de lucro, que operan fuera del marco de los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social obligatoria y ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario destinada a proteger a sus miembros o a sus bienes contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible mediante aportaciones directas de sus asociados o de otras entidades o personas protectoras.

Respecto a la cobertura de riesgos, estas entidades pueden asumir la previsión de riesgos sobre las personas o sobre las cosas. En la previsión de riesgos sobre las personas, las contingencias que pueden cubrir son las de muerte, vejez, accidente, invalidez para el trabajo, viudedad y orfandad, en forma de capital o renta, asistencia sanitaria y subsidio por matrimonio, hijos, enfermedad, maternidad, defunción, y la prestación de servicios en cualquier modalidad.