Escalofríos

LA COMPROBACIÓN por la Unión de Consumidores de España (UCE) de la existencia de un mercado clandestino de hormonas para engorde artificial de ganado vacuno descubre una vez más la catadura moral de quienes anteponen los beneficios al uso incontrolado de sustancias peligrosas para la salud del consumidor. El recurso de las hormonas anabolizantes -prohibidas en la Comunidad Europea hasta el punto de afrontar una guerra comercial con EE UU por su pretensión de introducir en el mercado carne tratada con estas sustancias- se traduce en un plus de unas 18.000 pesetas en el beneficio neto por cabeza...

LA COMPROBACIÓN por la Unión de Consumidores de España (UCE) de la existencia de un mercado clandestino de hormonas para engorde artificial de ganado vacuno descubre una vez más la catadura moral de quienes anteponen los beneficios al uso incontrolado de sustancias peligrosas para la salud del consumidor. El recurso de las hormonas anabolizantes -prohibidas en la Comunidad Europea hasta el punto de afrontar una guerra comercial con EE UU por su pretensión de introducir en el mercado carne tratada con estas sustancias- se traduce en un plus de unas 18.000 pesetas en el beneficio neto por cabeza de ganado, al conseguirse un mayor peso y una textura más magra de la carne. El recuerdo del fraude del aceite y del envenenamiento masivo a que dio lugar está todavía muy reciente en la memoria de los españoles como para no sentir escalofríos cuando se desvelan hechos de esta naturaleza.Los poderes públicos son los primeros obligados a seguir de cerca el proceso que sigue el producto hasta llegar al consumidor, como correctamente denunció la Administración en el consumo de huevos contaminados con salmonella. Sin embargo, la amplitud de los intereses en juego es tal -a las ganancias ilegales hay que añadir la presión de la potente industria química productora de hormonas- que resulta imprescindible la vigilancia constante de los consumidores para garantizar el cumplimiento de las normas.

La actuación de la Unión de Consumidores de España (UCE) no hace sino corroborar este papel. Que haya sido una organización de consumidores la que descubrió que en España se siguen utilizando las hormonas prohibidas no deja de ser una denuncia de la conducta de quienes deben velar para que las normas se cumplan. Lo menos que puede esperarse ahora es que la negligencia en la detección de estas prácticas sea rectificada con la sanción sin contemplaciones de quienes han jugado con la salud de los ciudadanos.