Fuertes protestas en Italia por la reforma de la asistencia sanitaria

La decisión del Gobierno de hacer pagar a los italianos una parte de los servicios sanitarios que hasta ahora eran gratuitos ha desencadenado una guerra de protestas y huelgas que en algunas ciudades, como en Nápoles, han dado lugar a manifestaciones y escenas de violencia que han provocado decenas de heridos. Todo comenzó cuando el Gobierno de De Mita decidió recortar el presupuesto dedicado a sanidad para hacer frente a un déficit del Estado que había superado los 13 billones de pesetas, el verdadero cáncer de la economía, por otra parte próspera, de este país.

Tras meses de discusion...

La decisión del Gobierno de hacer pagar a los italianos una parte de los servicios sanitarios que hasta ahora eran gratuitos ha desencadenado una guerra de protestas y huelgas que en algunas ciudades, como en Nápoles, han dado lugar a manifestaciones y escenas de violencia que han provocado decenas de heridos. Todo comenzó cuando el Gobierno de De Mita decidió recortar el presupuesto dedicado a sanidad para hacer frente a un déficit del Estado que había superado los 13 billones de pesetas, el verdadero cáncer de la economía, por otra parte próspera, de este país.

Tras meses de discusiones y ante el rechazo de los ministerios de que las tijeras se usasen con ellos, considerando cada uno intocable su huerto, se decidió, para recuperar 800.000 millones de pesetas, empezar por la salud, los ferrocarriles, el absentismo en la Administración pública y la reducción de las ayudas a las empresas. Pero lo que sublevó a la gente fue el tener que empezar a pagar un impuesto por cada análisis, cada medicina y cada día pasado en el hospital.Teóricamente, de dicho impuesto deberían estar exentos los llamados pobres, los que viven de una jubilación pequeña y los que no ganan más de un millón de pesetas brutas al año.

Pero lo que ha indignado ha sido el hecho en sí mismo porque, como es sabido, si hay una cosa que no funciona en este país es el servicio público de la sanidad, en el cual las Unidades de Sanidad Local (USL) fueron en su día entregadas a personajes políticos y no profesionales de las medicinas y han servido más para financiar a los partidos que para curar a la gente.

Corrupción administrativa

En los últimos años muchos administradores de las Unidades de Sanidad Local, muy unidos a la política, han sido condenados o han ido a la cárcel por corrupción administrativa. El mismo ministro de la Sanidad, Donat Cattin, llegó a desahogarse un día diciendo que en los hospitales "se puede morir por negligencia".La gente tiene la conciencia de que ya paga demasiado al Estado por unos servicios que no funcionan y que después los que pueden acaban pagando además una sanidad privada si quieren estar bien atendidos.

Pero al mismo tiempo el Gobierno insiste en que parte de los males reales en este campo de la salud vienen del hecho de que al ser todo gratis se despilfarran cada año miles de millones en medicinas que después se tiran, en análisis inútiles, en hospitalizaciones no necesarias, que en muchos casos sirven sólo como un lugar de recogida gratuita de los, ancianos.

El Gobierno cree que teniendo que pagar una parte de los servicios los ciudadanos podrán exigir más a los médicos y se harán más moderados en la utilización de los servicios públicos.

Ante este anuncio los trabajadores se han "levantado en armas". Dicen que no se fían de que dicho dinero pueda servir para reformar los mecanismos hoy averiados de la salud y que el Estado tiene que hacer que funcionen las cosas y después podrá exigir. Al mismo tiempo la precipitación en la adopción de estas medidas ha creado el caos, la indignación y la protesta.

En los hospitales, por ejemplo, y en los laboratorios se forman colas enormes porque ni siquiera los administradores saben cómo debe pagar la gente ya que no se ha preparado con antelación la infraestructura burocrática necesaria.

En algunos casos ha habido gente que se ha ido enferma de los hospitales alegando que no podían pagar las 1.000 pesetas diarias. Otros se negaban a pagar, y un exceso de celo de los administradores les impedía hospitalizarse incluso en caso de gravedad, cosa que después ha criticado el mismo ministro de la Sanidad, Donat Cattin. Ha habido quien intentaba hacer pagar hasta en los manicomios a enfermos crónicos que no tienen dinero amenazándoles con ponerles en la calle.

Los sindicatos han calificado de "inicua" la disposición del Gobierno y han convocado manifestaciones y huelgas en todo el país. También los partidos políticos, incluso los del Gobierno, que habían aceptado el decreto de la Presidencia del Gobierno ante el temor de perder votos vista la imponente protesta popular, han empezado a echarse atrás sobre todo pensando en las elecciones europeas próximas.

División en los partidos

Los socialistas, republicanos y liberales han declarado que están dispuestos a "revisar" el decreto. También la Democracia Cristiana está dividida y los comunistas, que organizaron el pasado día seis una manifestación de protesta por las calles de Roma han anunciado que llevarán a cabo una dura oposición en el Parlamento no para que se corrija el decreto, sino para que "no pase".Afirman los comunistas que un tema tan delicado como el de la reforma sanitaria no se puede hacer a golpe de hacha, improvisándola, sin una programación seria, sólo para recoger para las arcas del Estado unas cantidades mínimas de dinero que no van a significar apenas nada en la resolución del problema del déficit.

Las que se frotan las manos de alegría son las sociedades privadas de seguros, que han aprovechado rápidamente la ocasión y han comenzado una campaña intensiva de suscripción de pólizas para cubrir las necesidades del ciudadano de posibles gastos de la sanidad.

Por ahora, la Presidencia del Gobierno, acosada por todos, resiste y ha anunciado que "no se vuelve atrás". Pero al final tendrá que ceder, ya que por tres veces en el Parlamento ha faltado el número legal a la hora de votar el conjunto de los decretos fiscales que convertirían en ley definitiva la nueva disposición que obliga a pagar parte de la sanidad pública.

[La experiencia que ahora ha iniciado Italia de mantener una asistencia sanitaria pública pero con la aportación de una cierta cantidad por la persona que va a recibir esa asistencia se ha llevado a cabo en otros países de Europa. En España los sucesivos Gobiernos socialistas también han estudiado esa posibilidad.]