El factor humano
LA EVOLUCIÓN histórica sería inexplicable sin tener en cuenta, junto a los fenómenos sociales, la influencia de los individuos. En el debate parlamentario de ayer, un factor humano individual resultó decisivo: la derecha contó con un portavoz inteligente. Su intervención no sólo contribuyó a elevar el nivel de la discusión, sino que vino a aclarar, retrospectivamente, algunos problemas recientes de la vida política española. La ausencia de una verdadera oposición ha hecho que el debate nacional se desborde hacia otros cauces, y ha otorgado a algunas instituciones, como los sindicatos o la Pren...
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LA EVOLUCIÓN histórica sería inexplicable sin tener en cuenta, junto a los fenómenos sociales, la influencia de los individuos. En el debate parlamentario de ayer, un factor humano individual resultó decisivo: la derecha contó con un portavoz inteligente. Su intervención no sólo contribuyó a elevar el nivel de la discusión, sino que vino a aclarar, retrospectivamente, algunos problemas recientes de la vida política española. La ausencia de una verdadera oposición ha hecho que el debate nacional se desborde hacia otros cauces, y ha otorgado a algunas instituciones, como los sindicatos o la Prensa, un papel que no les corresponde. El Gobierno, descargado de presiones políticas solventes en su exterior parlamentario, ha acabado por interiorizar su soledad, creyéndose la leyenda de que su política económica era la única posible o, por lo menos, la única racional. No es cierto, como se atisbó ayer: hay alternativas, y, desde luego, hay otras políticas no menos coherentes, algunas a la derecha y otras más a la izquierda.Miguel Herrero, en un discurso cuya brillantez no consiguió empañar la obsesión reglamentista del presidente del Congreso, se dirigió al electorado de centro; pero no entendiendo este concepto a la manera suarista, con arreglo a pautas geométricas, sino sociales. Se dirigió a las clases medias que se sienten damnificadas por una fiscalidad creciente y unos servicios de calidad menguante, y evitó todo seguidismo oportunista respecto a las reivindicaciones sindicales, asumiendo con ello el riesgo de ir contra la ola dominante en los últimos meses. Sus recetas -apenas insinuadas, pero no ocultadas vergonzantemente como en un pasado no demasiado lejano- se inscriben en la ortodoxia del pensamiento democrático conservador. Ambas cosas: democrático, con especial énfasis en los principios del consenso político como vía para favorecer el acuerdo social, y conservador, con referencias al gasto público, al papel de la iniciativa privada y al sistema impositivo. Herrero actuó como suele hacerlo la oposición de centro-derecha en países con mayor tradición democrática, contribuyendo a clarificar el debate y a despejar incógnitas frente a la batalla por la primogenitura de la oposición; es decir, hizo política y marcó un sendero en la disputa por la confianza del electorado moderado de centro frente a un Adolfo Suárez más descentrado que nunca. La intervención del líder del CDS -una repetición, a menudo excesivamente monocorde, de los argumentos que ya le hicieron pedir la disolución de las Cámaras en el debate parlamentario del 21 de diciembre- dio, paradójicamente, oportunidad al presidente del Gobierno de brillar como polemista parlamentario a una altura que ya se creía olvidada. El discurso político de Suárez, pegado como una lapa a la estela del 14-D, tiene demasiados puntos vulnerables, y González no desaprovechó la oportunidad de entrar a saco en ellos.
La otra batalla se dilucidaba en el campo del proyecto socialista. Felipe González oficializó la ruptura con los sindicatos, y con ella la del modelo autónomo que le llevó al poder en 1982. Su argumentación sobre la concertación resulta discutible, pero demuestra que los sindicatos han tirado demasiado de una cuerda que ahora amenaza su propia garganta. El asunto más polémico era el destino de los millones puestos sobre la mesa de la concertación. Es correcto pensar que, si lo ofrecido en el curso de la negociación se considera terreno conquistado -independientemente de que haya o no acuerdo final-, se arruina el principio mismo de la concertación como cesión parcial mutua. Pero también lo es que los pensionistas y demás colectivos afectados no son responsables de la impericia negociadora del Ejecutivo y de las centrales, y no deben ser castigados por ella. Una interpretación amplia de las propias palabras de González permitiría salvar ambos principios: las ofertas del Gobierno en el debate del día 21 pueden interpretarse como concretadas en la oferta final en lo relativo a salarios de funcionarios, manteniéndose el compromiso de la equiparación de la pensión minima en el curso de la legislatura. Lo relativo a la cobertura de desempleo podría retomarse en el marco de la pendiente mesa del empleo, que no se ocuparía sólo de los planes de estímulo de la ocupación, sino también de las prestaciones a los parados.
Es posible que la concertación clásica haya fenecido. Pero si, pese a ello, el Ejecutivo mantuviese la voluntad política de negociar y las centrales admitieran la evidencia de que el 14-D no es un cheque en blanco de la sociedad española girado a su favor, hay oportunidades para que la situación pueda recomponerse en torno al giro social. Giro que sigue pendiente y que en absoluto se reduce a las reivindicaciones específicamente sindicales. Antes bien, es inseparable de un debate político más abierto que el ofrecido estos últimos años sobre las prioridades sociales.
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