El Gobierno envió a las Cortes datos sobre irregularidades en la gestión de Miró dos semanas antes de relevarla

El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados los informes de las auditorías realizadas al Ente Público RTVE por la Intervención Delegada de Hacienda y relativas al ejercicio de 1987, que ponen de manifiesto numerosas irregularidades que afectan a la ex directora general del Ente Pilar Miró, entre ellas, gratificaciones a directivos, según informa Europa Press. Los estudios se refieren tanto al Ente como a sus tres sociedades (TVE, RNE y RCE).

Los informes solicitados reiteradamente desde el pasado mes de octubre por el diputado de AP Luis Ramallo fueron enviados al Parlamento do...

El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados los informes de las auditorías realizadas al Ente Público RTVE por la Intervención Delegada de Hacienda y relativas al ejercicio de 1987, que ponen de manifiesto numerosas irregularidades que afectan a la ex directora general del Ente Pilar Miró, entre ellas, gratificaciones a directivos, según informa Europa Press. Los estudios se refieren tanto al Ente como a sus tres sociedades (TVE, RNE y RCE).

Los informes solicitados reiteradamente desde el pasado mes de octubre por el diputado de AP Luis Ramallo fueron enviados al Parlamento dos meses después por medio de¡ ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, quien remitió las auditorías al Congreso el pasado 28 de diciembre -según la fecha de registro de entrada de los documentos- y fueron enviadas ese día a la citada Comisión de Control, dos semanas antes de la sustitución de Pilar Miró.A la petición del aliancista Ramallo, se sumaron la de la Mesa del Congreso y la de la Comisión de Control de RTVE en las Cortes antes de obtener una respuesta positiva del Ejecutivo.

En la Comisión de Control, los informes durmieron hasta que el pasado 4 de enero su presidente, Gabriel Elorriaga, de AP, remitió un oficio a cada uno de sus miembros en el que les indicaba que en el organismo "tenían a su disposición los estudios y auditorías solicitados por la Mesa del Congreso". Sin embargo, y dadas las vacaciones parlamentarias, que comienzan el 1 de enero, los escritos siguieron sin conocerse hasta que el pasado lunes Luis Ramallo conoció su existencia tras recoger su correspondencia en la Cámara, informa Anabel Díez. El Consejo de Ministros nombró a Luis Solana para sustituir a Pilar Miró al frente de RTVE el pasado viernes.

El consejo de administración del Ente también había solicitado a la Intervención General del Estado, semanas antes de Navidad, la remisión de las auditorías. Según fuentes de la Administración, la Intervención General "ordenó que se remitieran a las Cortes porque no podían negárseles estas auditorías, pero contestó al consejo de administración que sí las querían que se las pidiesen a Pilar Miró, que era a quien le correspondía rendir cuentas ante ellos". La entrada en las Cortes de los estudios, según las mismas fuentes, no ha estado condicionada, en ningún caso, por la fecha de sustitución de Miró, informa Carlos Gómez.

Sobre el contenido de los informes, dichos medios aseguran que, en líneas generales, no dicen nada nuevo. "El descontrol financiero y, de gasto es el mismo de las auditorías de anteriores ejercicios y la responsabilidad de Pilar Miro es no haber mejorado lo más mínimo estas irregularidades durante su gestión".

Los informes señalan que la gestión económica y financiera del Ente en 1987 no se puede considerar aceptable desde un punto de vista de economía y eficiencia. Respecto a las gratificaciones a directivos, la Intervención Delegada indica en la auditoría sobre RTVE que el 31 de diciembre de 1987 se confeccionó un parte de personal para abonar a 13 directivos del Ente una gratificación por un importe total de 6.450.000 pesetas.

Este pago, a juicio de la Intervención, presenta, entre otras, las siguientes irregularidades: el escrito de Pilar Miró por el que se conceden tales gratificaciones es posterior a la confección de dicho parte; las cantidades han sido concedidas a cinco directivos de las sociedades y a ocho del Ente Público, pero todas ellas se han cargado al presupuesto de este último, y la concesión no fue sometida previamente al Consejo de Administración de RTVE, como es preceptivo.

Las fuentes de la Administración consultadas por este periódico señalaron en relación con estas gratificaciones que "se evitó pedir su aprobación al consejo de administración de RTVE, que es la única forma de legalizar tales remuneraciones, para evitar que trascendiera el asunto y para no echar más leña al fuego tras el escándalo del vestuario. Ahora habrá que pedir la aprobación al consejo porque sino los beneficiarios de las gratificaciones tendrán que devolverlas".