Editorial:

Árbol caído

SE DA por seguro que Pilar Miró será destituida como directora general de RTVE en el próximo Consejo de Ministros, el día 13. Pero es la tercera o cuarta vez que el cese se da por inminente. En cualquier caso, Pilar Miró sigue al día de hoy, pese a los desplantes de la oposición, la sorda indignación de la opinión pública y la desautorización expresa por parte de ministros y dirigentes del PSOE, al frente de la radiotelevísión pública. El escándalo que se organizó por la adquisición de vestuario con fondos públicos fue considerable. Pero el que supone que el Gobierno se empecine en mantenerla ...

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SE DA por seguro que Pilar Miró será destituida como directora general de RTVE en el próximo Consejo de Ministros, el día 13. Pero es la tercera o cuarta vez que el cese se da por inminente. En cualquier caso, Pilar Miró sigue al día de hoy, pese a los desplantes de la oposición, la sorda indignación de la opinión pública y la desautorización expresa por parte de ministros y dirigentes del PSOE, al frente de la radiotelevísión pública. El escándalo que se organizó por la adquisición de vestuario con fondos públicos fue considerable. Pero el que supone que el Gobierno se empecine en mantenerla en su puesto tres meses después de su estallido lo supera ampliamente.Lo que hizo Pilar Miró fue algo más que un error, sin que quepa diluir su responsabilidad con el argumento de que su comportamiento individual es un simple reflejo de los hábitos imperantes en la sociedad española o en sus clases dirigentes. En primer lugar, no es cierto que todo el mundo haga lo mismo. Si todos los cargos públicos, cada uno a su nivel -concejales, alcaldes, asesores de consejeros autonómicos, embajadores o ministros-, hicieran lo mismo, hace tiempo que el Estado se habría declarado en quiebra.

La única actitud razonable por parte de Pilar Miró habría sido la de marcharse inmediatamente. Es lo que se espera de alguien que reconoce haber cometido irregularidades como las puestas de manifiesto por la Intervención General. Su inicial pretensión de desplazar la responsabilidad del cese hacia quien la nombró resulta injustificada, sobre todo teniendo en cuenta que son notorias las relaciones de amistad que unen a Pilar Miró con el presidente del Gobierno. Pero no menos injustificada resulta la lógica de Felipe González, que se niega a aceptar dimisiones o a destituir a cargos públicos, precisamente porque así lo solicita la oposición o la opinión pública.

El argumento de la dificultad de hallar un sustituto idóneo resulta igualmente insostenible. Es seguro que si la directora general hubiera dimitido por motivos de fuerza mayor, sin mediar escándalo alguno, la vacante habría sido cubierta de inmediato. Al aplicar el criterio de enfriar el asunto para evitar producir sensación de debilidad, González ha conseguido el efecto opuesto: la situación no puede resultar más ridícula, y el bochorno aumenta cada día. Al optar por la pasividad, el presidente ha renunciado a adoptar una actitud ejemplificadora en el ámbito de los comportamientos y ha abonado el terreno para que quienes sólo se sienten fuertes frente a los débiles se ensañen a su gusto con un árbol caído y artificialmente sostenido en pie. Pero sobre todo ha renunciado a hacer de la crisis el punto de apoyo para, una reforma a fondo del estatuto de RTVE, cuya redacción actual favorece el imperio del arbitrismo y constituye un caldo óptimo para que germine la corrupción. No en vano ha sido la propia directora general quien ha admitido que la televisión "sólo interesa a los políticos en cuanto instrumento de sus objetivos partidistas".

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