El nuevo convenio con EE UU "reafirma el carácter español" de las bases militares

El nuevo convenio defensivo con Estados Unidos, al que el Consejo de Ministros dio ayer el preceptivo visto bueno, "reafirma el carácter español" de las bases militares, al dejar constancia de que el mando de las fuerzas norteamericanas debe subordinarse al español, dijeron ayer fuentes gubernamentales. El convenio suprime la idea de coordinación entre ambos mandos, existente en el texto anterior de 1982, suprimiendo así, de acuerdo con los mismos medios,Ia ambigüedad arrastrada desde convenios anteriores".

"No ha habido ni un solo retroceso en relación con el convenio de 1982", dijo ay...

El nuevo convenio defensivo con Estados Unidos, al que el Consejo de Ministros dio ayer el preceptivo visto bueno, "reafirma el carácter español" de las bases militares, al dejar constancia de que el mando de las fuerzas norteamericanas debe subordinarse al español, dijeron ayer fuentes gubernamentales. El convenio suprime la idea de coordinación entre ambos mandos, existente en el texto anterior de 1982, suprimiendo así, de acuerdo con los mismos medios,Ia ambigüedad arrastrada desde convenios anteriores".

"No ha habido ni un solo retroceso en relación con el convenio de 1982", dijo ayer la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, encargada de explicar, tras el Consejo de Ministros y con la ausencia del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, las líneas maestras del texto, que será firmado por ambas partes en Madrid a comienzos de diciembre. Según la versión gubernamental española, el nuevo convenio "clarifica la competencia" de nuestro país para "gestionar el funcionamiento y mantenimiento de los servicios e instalaciones generales de las bases, reservando a Estados Unidos sólamente la gestión en lo relativo a las instalaciones y servicios de uso exclusivo".Dos de los puntos que provocaron más litigios en las negociaciones de este nuevo texto, referentes a jurisdicción sobre presos y contratación de obras han quedado resueltos de forma algo salomónica: si por un lado se establecen la competencia del Ministerio de Defensa español para llevar a cabo los contratos correspondientes a las obras y servicios, por otro, el Gobierno de Felipe González "recomienda" a los jueces que renuncien a la jurisdicción criminal española en caso de coniÍsión de delitos en territorio nacional por un ciudadano norteamericano.

El convenio, que tendrá una duración de ocho años en lugar de cino como hasta ahora, se refiere exclusivamente a los aspectos defensivos bilaterales -otro convenio cultural y científico-técnico está ya en fase de negociación-; por ello se han eliminado del texto una serie de comités que anteriormente se ocupaban de los distintos aspectos de la cooperación y se crea un comité único permanente con la función de desarrollar y coordinar la aplicación del convenio.

Este comité, bilateral, estará presidido por representantes de los respectos ministerios de Defensa y vicepresidido por miembros de los respectivos ministerios de Exteriores.

Según dijo ayer la portavoz Rosa Conde, el nuevo convenio refuerza el carácter multilateral de la seguridad española, al insistir en los vínculos con la Alianza Atlántica y refuerza también el plano-de aliado igual que corresponde a nuestro país -entre otras cosas, se renuncia a las contraprestaciones económicas americanas a cambio del uso de las bases-.

Reducción de fuerzas

También recoge el convenio la idea de la reducción de fuerzas norteamericanas en territorio español, estableciendo la presencia "de un destacamento de un máximo de 25 militares" en la base de Torrejón, de la que, según acuerdos del pasado mes de enero, se retirarán los 72 aviones F-16 escalonadamente, a lo largo de los próximos tres años.En su capítulo primero dedicado a disposiciones generales el convenio regula la cooperación en el ámbito bilateral y en el de la Alianza Atlántica. Más allá de estos ámbitos, es decir, para cualquier operación "fuera de área", se requiere "autorización caso por caso del Gobierno español para efectuar las acciones permitidas por el convenio".

Este capítulo primero establece también que "la integridad territorial de ambas partes se considera expresamente de interés común", aunque no se hace mención explícita en el texto de los casos de Ceuta y Melilla.

El capítulo segundo está dedicado a las instalaciones de apoyo, y junto al mando español de las bases, establece que éstas tendrán "bandera y honores militares españoles". El capítulo tercero, que comprende desde los artículos 24 al 35, regula las autorizaciones de uso y detalla los diferentes regímenes de permisos según el tipo de aeronaves y bases de que se trate.

El capítulo cuarto, uno de los más debatidos de las negociaciones, que se prolongaron desde el pasado 15 de enero hasta finales de septiembre, está dedicado al estatuto de las fuerzas de Estados Unidos en España: regula el ámbito de aplicación personal, documentación, jurisdicción criminal y prisión preventiva, normas fiscales y aduaneras. El capítulo quinto se refiere al estatuto de las fuerzas armadas de España en Estados Unidos, conteniendo disposiciones similares al capítulo anterior. El capítulo sexto y último se refiere a la solución negociada de controversias sobre la aplicación del convenio. El convenio comprende también ocho anejos.