La corporación de Alcalá se persona en una querella contra cinco constructoras

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decidido por unanimidad personarse como acción popular en una querella por estafa que fue presentada el año 1986 por 120 propietarios de viviendas del barrio del Pilar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, contra cinco empresas constructoras. Éstas, entre los años 1979 y 1983, construyeron y vendieron pisos calificados como de protección oficial, de alrededor de 80 metros cuadrados de superficie, a un precio medio de 1.500.000 pesetas.Las viviendas se encuentran "en estado ruinoso, con graves deficiencias en la construcción que ...

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha decidido por unanimidad personarse como acción popular en una querella por estafa que fue presentada el año 1986 por 120 propietarios de viviendas del barrio del Pilar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, contra cinco empresas constructoras. Éstas, entre los años 1979 y 1983, construyeron y vendieron pisos calificados como de protección oficial, de alrededor de 80 metros cuadrados de superficie, a un precio medio de 1.500.000 pesetas.Las viviendas se encuentran "en estado ruinoso, con graves deficiencias en la construcción que hacen temer incluso por la integridad física de sus habitantes", según se especifica en la querella presentada por los propietarios de los pisos afectados.

Multa del ministerio

Las empresas Artemis Compañía Inmobiliaria, SA; Promociones y Construcciones del Centro, SA; Construcciones y Urbanizaciones del Centro, SA; Urbanizaciones y Construcciones del Centro, SA, y Construcciones y Explotaciones Industriales, SA, dirigidas por las mismas personas, fueron ya denunciadas por los propietarios de estos pisos ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Tras incoar dos expedientes sancionadores, impuso a las empresas la máxima multa prevista por la ley, un millón de pesetas, por considerarlas culpables de una falta grave "al utilizar materiales de ínfima calidad e incluso procedentes de derribos" en la construcción de las viviendas.En la querella presentada ante el Juzgado número 1, en la que el Ayuntamiento participará como acción popular, "dado el riesgo fisico real que supone para los vecinos, en su mayoría de condición humilde, la estafa de que han sido objeto por las empresas que han utilizado materiales mucho peores de los contratados", los propietarios solicitan "la detención inmediata y prisión provisional bajo fianza para los representantes de las empresas y una indemnización acorde con los daños sufridos". No se especifica la cuantía.