Obiang usa los tribunales para barrer a la oposicion

ANA CAMACHO Los militares ecuatoguineanos Joaquín Elema, sargento, y Francisco Bonifacio Mba Nguema, alférez, fueron condenados a muerte el viernes por el consejo de guerra que juzgó sumariamente en Bata, a partir del miércoles, a miembros y simpatizantes del opositor Partido del Progreso (PP). Entre los nueve sentenciados figuran los hispanoguineanos José Luis Jones (secretario general del PP) y José Primo Esono (dirigente del mismo grupo), condenados a 17 años y cadena perpetua, respectivamente. El líder del PP, Severo Moto, fuentes ecuatoguineanas en Madrid no relacionadas con la oposición ...

ANA CAMACHO Los militares ecuatoguineanos Joaquín Elema, sargento, y Francisco Bonifacio Mba Nguema, alférez, fueron condenados a muerte el viernes por el consejo de guerra que juzgó sumariamente en Bata, a partir del miércoles, a miembros y simpatizantes del opositor Partido del Progreso (PP). Entre los nueve sentenciados figuran los hispanoguineanos José Luis Jones (secretario general del PP) y José Primo Esono (dirigente del mismo grupo), condenados a 17 años y cadena perpetua, respectivamente. El líder del PP, Severo Moto, fuentes ecuatoguineanas en Madrid no relacionadas con la oposición y exiliados en Gabón aseguraron que Elema y Mba Nguema fueron ejecutados inmediatamente. Sin embargo, el superministro del Gobierno de Malabo, Eloy Eló, que ayer llegó a la capital española, afirmó: "No tengo conocimiento de las ejecuciones".

También fueron condenadas otras dos personas a 24 años de prisión, una tercera a 16 años y dos más a 12 años. A última hora de la tarde de ayer, las noticias sobre las ejecuciones eran contradictorias. Según Moto, la propia emisora oficial Radio Ecuatorial Bata informó de que se habían ejectuado, presumiblemente por fusilamiento. Otras fuentes ecuatoguineanas en Madrid aseguraban que incluso se habían transmitido por televisión. Medios diplomáticos españoles admitían que el rumor corrió por la capital de la antigua colonia española, Malabo, desde primera hora de la mañana de ayer. El Gobierno de Malabo no dio ninguna información al respecto.Eloy Eló, ministro de las Relaciones entre la Presidencia y el Parlamento y padre del gobernante Partido Democrático, aseguró ayer en Madrid, donde participará en una reunión conjunta de la Comunidad Europea y la comunidad África-Caribe-Pacífico (ACIP), que no tenía conocimiento de las ejecuciones. "Yo estoy en Malabo, y los juicios han sido en Bata", dijo.

Gestiones españolas

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, aseguró ayer a EL PAÍS que el Gobierno español ha, efectuado "gestiones directas al más alto nivel" ante las autoridades de Malabo para interceder por la suerte de los condenados y evitar Ias ejecuciones. Dos de los sentenciados -Jones y Primo Esono- tienen pasaporte español, y un tercero, Elema, incluso llegó a ser sargento en la Legión española, aunque no tiene esta nacionalidad. En teoría, los condenados tienen un plazo de 15 días para recurrir.

El líder del PP, Severo Moto cuya extradición de España va a pedir Malabo, afirmó ayer que las condenas reflejan el "nerviosismo del presidente Teodoro Obiang ante el temor a perder los beneficios en perspectiva con la descarga de vertidos radiactivos en Guinea Ecuatorial".

El consejo de guerra se constituyó el miércoles por orden de Obiang para juzgar a miembros y simpatizantes del opositor Partido del Progreso -que dirige Severo Moto, actualmente en Madrid- acusados de conspiración, abandono de funciones públicas, impago de cuentas y espionaje contra el jefe del Estado.

Según Moto, la dureza de las sentencias dictadas el viernes se debe a un intento de "detener y silenciar" la campaña iniciada por su grupo contra la aceptación de residuos tóxicos y radiactivos por parte del presidente "para beneficio personal de Obiang". "El presidente teme que esta publicidad le haga perder unos sustanciosos beneficios", añade.

Según las denuncias del Partido del Progreso, Obiang, a través de su embajador en la ONU, Florencio Maye Ela, llegó a un acuerdo el pasado noviembre con la empresa norteamericana Axim Consortium Group, registrada en Malabo, para la descarga en territorio guineano de 720.000 toneladas anuales, durante 10 años, de residuos altamente tóxicos y radiactivos. "Sin poder precisar cuándo se efectuó el primer vertido, sí sabemos que Obiang ha dado el correspondiente plácet al primer vertido anual, y recibido de la Axim, probablemente de forma directa en su cuenta privada en Suiza, 1,6 millones de dólares" (unos 200 millones de pesetas), afirmó Severo Moto. "Esta cifra está previsto que se eleve hasta los 43,2 millones de dólares para finales de este año. Ha perdido los estribos ante el peligro de perder estos ingresos".

Según la información facilitada por Moto, el acuerdo con la empresa estadounidense forma parte de un proyecto de Obiang para ofrecer a los propietarios de residuos 800 millas cuadradas del territorio ecuatoguineano -incluyendo la pequeña isla de Annobón, a 400 kilómetros de Malabo, y la isla de Bioko, en la que se halla la capital- para la descarga de esos productos a precios que oscilan entre los 60 y los 600 dólares la tonelada. Este último precio es el aplicable a "vertidos infecciosos y patológicos".

El presidente ha sido señalado en los informes de la asociación ecologista Greenpeace como el supuesto comprador de al menos cinco millones de toneladas de residuos de una empresa británica. El pasado mayo, estos informes le valieron a Guinea Ecuatorial una condena unánime de los países de la Organización para la Unidad Africana, en la cumbre de Addis Abeba.

"Todo el inundo sabe que el almacenaje de estos vertidos sin medidas de precaución -en simples bidones abandonados al aire libre- y en un clima tan húmedo como el nuestro puede conducir a una catástrofe irreparable, no sólo para Guinea sino también para los países limítrofes. Por eso hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que declare a Obiang enemigo de la humanidad."