El Senado aprueba la ley de Costas con el rechazo de toda la oposición

A. D., El Senado aprobó ayer la ley de Costas con el rechazo de toda la oposición, que presentó siete enmiendas de veto (de devolución), al considerar que esta norma vulnera competencias en esta materia de las comunidades autónomas, además de no respetar los derechos adquiridos de los propietarios que tuvieran instalaciones próximas a la costa, lo que en algunos casos dará lugar a expropiaciones.

La llamada zona de servidumbre de protección recaerá sobre un espacio de 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y en ella estarán prohibidas las edific...

A. D., El Senado aprobó ayer la ley de Costas con el rechazo de toda la oposición, que presentó siete enmiendas de veto (de devolución), al considerar que esta norma vulnera competencias en esta materia de las comunidades autónomas, además de no respetar los derechos adquiridos de los propietarios que tuvieran instalaciones próximas a la costa, lo que en algunos casos dará lugar a expropiaciones.

La llamada zona de servidumbre de protección recaerá sobre un espacio de 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y en ella estarán prohibidas las edificaciones destinadas a residencia, la construcción de vías de transporte interurbanas, el tendido de líneas eléctricas, el vertido de residuos, escombros y aguas residuales y la publicidad a través de carteles o audiovisuales. Otra servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, que deberá dejarse expedita de forma permanente para el paso público.

El PNV, Eusko Alkartasuna (EA), Convergéncia i Unió, Coalición Popular, CDS, Partido Liberal y el senador del Grupo Mixto, también de EA, Javier Aizarna presentaron enmiendas de veto para que la ley fuera devuelta al Gobierno.

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, afirmó que la ley no afecta a las normas que tuvieran las comunidades autónomas, sino que se limita a ampliar las medidas de protección del dominio público marítimo terrestre.