Arriba y abajo

LA PUBLICACIÓN del tradicional estudio del Banco de Bilbao sobre la renta regional en España ha puesto de manifiesto que las desigualdades entre las regiones tienen una fuerte tendencia a permanecer en el tiempo. La dispersión de las rentas primarias se ha mantenido relativamente constante entre 1979 y 1985. La renta por habitante de la comunidad autónoma de Madrid era la más elevada del conjunto y superaba en un 30% el promedio nacional en ambas fechas. La renta regional más baja correspondió, tanto en 1979 como en 1985, a Extremadura, aunque con un claro aumento entre esos dos años.La crisis...

LA PUBLICACIÓN del tradicional estudio del Banco de Bilbao sobre la renta regional en España ha puesto de manifiesto que las desigualdades entre las regiones tienen una fuerte tendencia a permanecer en el tiempo. La dispersión de las rentas primarias se ha mantenido relativamente constante entre 1979 y 1985. La renta por habitante de la comunidad autónoma de Madrid era la más elevada del conjunto y superaba en un 30% el promedio nacional en ambas fechas. La renta regional más baja correspondió, tanto en 1979 como en 1985, a Extremadura, aunque con un claro aumento entre esos dos años.La crisis económica, por sí misma, no parece haber sido un factor importante de aumento de las desigualdades, probablemente porque la crisis industrial ha dañado proporcionalmente más a las provincias que antes se situaban a la cabeza de España en cuanto a la riqueza por habitante y ha mantenido el nivel de aquellas otras provincias o regiones en las que predominaban la agricultura o los servicios.

Esta visión se ve, sin embargo, alterada cuando en vez de considerar la renta inicialmente creada se toma en consideración la renta familiar bruta disponible por habitante, definición que engloba las detracciones por impuestos y las transferencias regionales de renta. Partiendo de esta definición, las diferencias entre las distintas comunidades se reducen considerablemente: Madrid deja de ser la comunidad autónoma con mayor renta por habitante, cediendo el primer lugar a Baleares. La razón aparente de este cambio no se debe a que Baleares reciba más transferencias, sino a que la presión fiscal es bastante menor en el archipiélago que en Madrid.

En un reciente informe de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre este mismo tema se clasifican las 160 regiones de la Comunidad con arreglo a un índice sintético que recoge una serie de criterios que van desde la riqueza por habitante hasta el índice de paro de cada una de las zonas identificadas. Todas las comunidades autónomas españolas se sitúan claramente por debajo de la media, y la primera de ellas, Baleares, se sitúa en un 66,8% del promedio comunitario.

. La disparidad entre las regiones europeas es muy fuerte, pues la que más problemas acumula (la Basilicata, en Italia) se sitúa en un índice de 36,9%, mientras que la más próspera (la de Darmstadt, en la República Federal de Alemania) alcanza un 171,8% del promedio. Se trata de un índice que no mide exclusivamente la riqueza, pero la diferencia refleja con claridad el largo camino que aún queda por recorrer en Europa antes de alcanzar un equilibrio razonable, lo cual apoya las tesis españolas en favor de dedicar más -recursos a corregir las desigualdades regionales y menos a la política agrícola común.

En el informe de la CE se reconoce que las desigualdades regionales en Estados Unidos son mucho menos acentuadas. Cabe suponer que un poderoso factor de igualación es la libertad de circulación de personas, mercancías y capitales en un espacio económico homogéneo. Los factores que pueden ayudar a la libre circulación no son sólo de orden jurídico; la equiparación de las posibilidades educativas en todo el territorio, así como la facilidad en la compra y venta de bienes inmuebles, son factores esenciales para la movilidad de los factores de producción. En Europa, esta movilidad es mucho menor, aunque el Acta Única intenta precisamente acentuarla. Por otra parte, la tradición europea ha consistido en una acción más firme por parte de los Estados para corregir las desigualdades, aunque en los últimos tiempos la intervención del Estado ha sido criticada por los despilfarros a los que suele dar lugar. En cualquier caso, ambas ópticas no son excluyentes, y lo deseable sería que en el futuro se combinasen adecuadamente para crear una Comunidad más justa y solidaria.